Parecía una nota al margen en el gran escenario de los planes para la transición ecológica y se ha convertido en la china en el zapato de la futura Ley de Cambio Climático. El PNV y el Gobierno Vasco amenazan con acudir a los tribunales en defensa de los planes de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (Shesa) para explorar la existencia de gas natural en Subijana (Álava). El ayuntamiento de Vitoria, que Gobierna el PNV en minoría, denegó el mes pasado a Shesa y a sus socios norteamericanos en el proyecto (Petrichor y Cambria) el permiso para iniciar las prospecciones y la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Ejecutivo vasco Arantza Tapia ha adelantado que no descarta abrir una batalla legal en defensa del proyecto.
En la práctica, el denominado proyecto Arementia-2 se ha convertido en una fuente de roces locales entre el PNV -que defiende el plan en solitario- con el Partido Socialista de Euskadi, que le apoya en todas las instituciones pero se opone al plan gasista. El enfrentamiento se produce también con Unidas Podemos -socio del PSOE en el Gobierno central- y con Bildu, que ha apoyado los presupuestos de Sánchez, pero defiende la prohibición de las prospecciones de gas y de la técnica del fracking en la ley de Cambio Climático que tramita el Congreso.
Unidas Podemos cuestiona especialmente la postura del PNV respecto a los hidrocarburos. El diputado de la formación morada Juantxo López De Uralde destaca en este sentido "la recalcitrante insistencia del PNV en defensa de los combustibles fósiles", no sólo por la defensa de las prospecciones gasistas en Álava y el proyecto Armentia, sino también por la posición que adoptó contra los planes del Ministerio de Transición Ecológica para subir el impuesto al diésel.
Emergencia climática
El PNV apoyó en septiembre de 2019, como todo el resto de formaciones vascas, la propuesta de EH Bildu para declarar el estado de emergencia climática y solicitar al Gobierno autonómico que incluyera en los presupuestos 2020 las partidas necesarias para poner en marcha todas las acciones sectoriales que posibiliten la "ambición y urgencia" que requiere esta situación climática. Un apoyo, sostienen los partidos críticos con el Gobierno Vasco, que casa mal con la defensa a ultranza del proyecto de extracción de gas en Álava y con los malos resultados de emisiones en la comunidad en los últimos años.
Según el informe del Observatorio de la Sostenibilidad que examina la evolución de tres décadas de emisiones en las comunidades autónomas, en los últimos ejercicios (2018-2019) el País Vasco aumentó las emisiones de gases contaminantes en un 4% (730.000 toneladas), un mal dato que sólo superaron otras dos autonomías: Navarra (14%) y Murcia (12%). Para Unidas Podemos es un dato más contra los planes del Gobierno Vasco sobre el gas alavés.
De momento, ningún argumento hace mella en los planes del Ejecutivo de Íñigo Urkullu. Su gran baza es que el Ministerio para la Transición Ecológica aprobó en noviembre de 2019 una declaración de impacto ambiental favorable al proyecto que sigue vigente. La autorización levantó un gran revuelo porque el yacimiento de gas, cuya existencia se conocía al menos desde el año 2011 -fue anunciado por el entonces lehendakari socialista Patxi López- sólo podría ser aprovechado con técnicas de fractura hidráulica, el polémico fracking.
Una tímida aclaración
La polémica provocó que unos meses después el Gobierno aclarara en respuesta a una pregunta parlamentaria que, según la Ley de Hidrocarburos de 1998 "la titularidad de un permiso de investigación (...) no implica una autorización automática para ejecutar los trabajos contenidos en su plan de investigación y desarrollo". Fue un tímido paso atrás, pero insuficiente para aclarar por completo el caso.
Ahora, todo depende de cómo quede la redacción final de la futura Ley de Cambio Climático que tramita el Congreso. El proyecto contempla la salida del Estado de todos los activos en empresas o entidades con actividad que tengan relación con productos energéticos de origen fósil y la prohibición de nuevas autorizaciones de exploración de hidrocarburos, permisos de investigación o concesiones de explotación en todo el territorio nacional.
Según la redacción propuesta, tampoco se autorizará la fracturación hidráulica de alto volumen, el fracking y las concesiones de exploración marina no se podrán prorrogar más allá de 2042. Es toda una mala noticia para los intentos de resucitar proyectos de extracción de hidrocarburos, no sólo en el País Vasco, sino también en otras comunidades como Andalucía o Murcia. Además de la empresa pública Shesa, hay empresas privadas que en los últimos meses han obtenido permisos autonómicos y locales para realizar prospecciones. En España hay actualmente cinco zonas de extracción de gas y petróleo activas y 22 permisos de investigación de hidrocarburos solicitados.
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