"Hoy Bankia vale menos". Con estas cuatro palabras Rodrigo Rato apuntilló su tesis en la Audiencia Nacional acerca de cómo el banco que nació con visión de convertirse en la gran entidad de España acabó recibiendo la mayor inyección de dinero público y con parte de sus gestores ante la Justicia por partida doble. La frase, que pronunció antes de que el juicio quedara visto para sentencia, resume muy bien la versión de los enjuiciados que niegan maquillaje de las cuentas o que actuaran sin el consentimiento del Banco de España. Aunque han pasado once meses desde este alegato, la Audiencia Nacional sigue perfilando los flecos de una sentencia histórica que además tendrá especial incidencia en el inminente proceso de fusión con Caixabank, especialmente por el veredicto que alcancen sobre el papel del banco.
Y es que una de las cuestiones que debe resolver el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo es precisamente si Bankia, su matriz BFA y la auditora Deloitte cometieron delito con la manipulación de los estados financieros de 2010 y 2011. Aunque Anticorrupción no acusa al banco que encabeza José Ignacio Goirigolzarri, la última la palabra la tienen los tres magistrados de la Sala de lo Penal que pueden acabar dando la razón a las acusaciones del procedimiento. Algunas llegan a pedir hasta 13 años de cárcel por delitos de estafa y falsedad contable, aunque lo que realmente podría suponer un escollo para las incipientes negociaciones de fusión sería la condena de multa para resarcir el rescate superior a los 22.000 millones de euros.
De hecho, uno de los puntos que aún no está claro tras las primeras conversaciones entre una y otra entidad es la ecuación de canje con la que se realizará la hipotética fusión. Pese a que la valoración del mercado deja claro la potencia de Caixabank frente a Bankia, todo apuntaría a que, en un inicio, el peso de la balanza tendría ciertos beneficios para la entidad que preside Goirigolzarri. Una posible sanción económica descuadraría por completo esta ecuación y dejaría en una posición complicada las negociaciones. Pese a que todo parece indicar que no habrá problemas al respecto, como confirman a este medio fuentes financieras, la decisión final de la Audiencia tiene una relevancia extrema si se tiene en cuenta la repercusión que podría tener sobre la mayor operación bancaria en España desde finales de los años 90.
Así pues, el actual panorama bancario no hace sino generar más expectación sobre una sentencia en la que se trabaja desde, al menos, los últimos once meses. Fuentes cercanas al tribunal consultadas por La Información aseguran que la ponente ha dedicado tiempo a diario en redactar el fallo de un juicio que le era familiar, puesto que también estuvo al frente del caso de las tarjetas 'black'. En aquella ocasión la sentencia se conoció apenas tres semanas después del juicio contra los exaltos cargos de Caja Madrid y Bankia. El mismo tribunal que ahora dirime sobre la salida a bolsa no tardó mucho tiempo para condenarles por cargar gastos personales a una tarjeta de empresa. Sin embargo, este escenario es completamente diferente.
El inusual retraso en del fallo muestra la complejidad del debate en torno a si Rato y los otros 30 acusados cometieron delito con la alteración de las cuentas. Aunque en un principio Anticorrupción solo acusó por fraude de inversores, los once meses de juicio sirvieron a la fiscal Carmen Laúna para endurecer las penas al considerar que hubo falsedad contable en esos ejercicios. Por eso pasó de actuar contra la excúpula del banco a incluir en su lista de responsables a una decena de exaltos cargos de la entidad, en su mayoría miembros del Comité de Auditoría además del auditor externo. Rato, que actualmente cumple condena de cuatro años y medio por su implicación en el caso de las 'black', es el que afronta la petición más alta de ocho años y medio de prisión.
Las contradicciones del BdE
Lo que parece haber demostrado el juicio es que el banco, nacido de la integración de siete cajas de ahorros en 2010, logró ocultar a los inversores la situación real de las cuentas. Los gestores de la entidad cargaron pérdidas contra reservas (y no contra resultados) y vendieron la salida a bolsa como la mejor de las operaciones pese a que apenas dos meses después de aquel 20 de julio de 2011, Bankia necesitaba una inyección cercana a los 10.000 millones de euros. La clave ahora está en determinar si el tratamiento contable respetó la normativa del supervisor o si no fueron más que triquiñuelas para vender una operación bursátil que derivó en un "quebranto" que, como dijo la fiscal, puso en jaque a todo el sistema financiero español.
Sea como fuere, una larga lista de acusados, liderada por Rato, apuntó en todo momento a la mano política; en concreto, a órdenes del Ejecutivo socialista. Además, se apeló al seguimiento del Banco de España y la CNMV insistiendo en que estaban al tanto de todos los movimientos del banco. Incluso José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat Valenciana, habló de la presión del ente gobernado entonces por Miguel Ángel Fernández Ordóñez para que Banco de Valencia integrara el SIP. De poco sirvió que el exsubgobernador Javier Aríztegui intentara poner coto a las especulaciones. Su versión acerca de que Rato era consciente de la inviabilidad del nuevo banco chocó de frente con la de otros inspectores del supervisor, como es el caso de José Antonio Casaus.
La vertiente política
Como ya hiciera en fase de instrucción, reconoció que desde el Banco de España no se veía con buenos ojos la salida a bolsa pero añadió más leña al fuego al confesar que se le ordenó "no comprometer mucho" la imagen de Bankia en los informes de seguimiento. Con todo, si hay algo en lo que coincidieron acusados y testigos fue en poner de manifiesto que fueron los peores años de la crisis económica y que todo el sistema financiero español estaba en jaque por esta situación. Así lo admitió la ilustre lista de testigos que pasó por la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. José Ignacio Goirigolzarri, Luis de Guindos, Francisco González o Isidro Fainé apelaron al crítico escenario que se agravó con las previsiones del FMI.
Uno de los aspectos que más sorpresa causó en la vista fue las revelaciones de Rato acerca de las reuniones en la sede del Ministerio de Economía con Guindos, FG (BBVA), Emilio Botín (Santander) e Isidro Fainé (Caixa). Los encuentros evidenciaron las presuntas órdenes del supervisor para participar en la operación bursátil de Bankia, la tensión por la continuidad de Rato al frente de la presidencia o negociaciones bancarias pasadas. De hecho Fainé, que fue el menos crítico con la gestión de Rato, sacó a relucir el proyecto de fusión en 2009 entre Caja Madrid y La Caixa. El banquero, que ve como ahora las negociaciones para fusionarse con Bankia van por buen camino, explicó ante el tribunal que entonces solo tuvo conversaciones con Rato pero que lo vio "bueno para España" ya que, de haber visto la luz, se hubiera formalizado "el primer holding industrial de Europa".
Once años después de aquello se podría decir que la historia se repite aunque en un ambiente completamente diferente y con el apoyo firme de Luis de Guindos, ahora vicepresidente del Banco Central Europeo. De llevarse a cabo finalmente, el proyecto de fusión de Bankia y Caixabank sería el primero en España tras los estragos que ha causado la Covid-19. Las importantes provisiones realizadas para minimizar los efectos de esta pandemia han dejado los balances de ambas entidades en niveles que nadie habría concebido a principios de año, reduciendo los beneficios del primer semestre en casi un 70% con respecto al mismo periodo del año anterior. Inevitablemente, esto ha tenido una repercusión directa sobre otros indicadores que ya estaban en el foco de los supervisores, como es el caso de la rentabilidad. Ante esta situación, generalizada en el sector, tanto el Banco de España como el BCE habían puesto sobre la mesa la necesidad de que la consolidación de la que tanto tiempo se lleva hablando se concretase, tildándola incluso de "urgente".
La predicción de Rato
Caixabank no lo dudó un segundo y, ante la situación de Bankia, decidió actuar antes del verano. A última hora del pasado jueves ambas entidades confirmaban a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la existencia de conversaciones, pero las situaban en una fase preliminar. En cambio, a lo largo del viernes se fueron conociendo pequeños detalles que indicarían una cierta 'prisa' por encaminar este movimiento. José Ignacio Goirigolzarri, actual presidente de Bankia, se quedaría en su actual cargo en la entidad resultante, mientras que el consejero delegado sería Gonzalo Gortázar, actual CEO de Caixabank. De esta forma, el primer espada de Bankia se ocuparía de la parte más institucional mientras que el segundo espada de la catalana haría lo propio con la gestión.
Así pues, el panorama actual demuestra que las palabras que Rato pronunció el último día de juicio sobre la caída del valor de Bankia nunca han tenido tanto sentido como tras la crisis sanitaria. Con un vistazo rápido a la gráfica del desarrollo en el parqué de la entidad se puede observar que, de los 3,75 euros en los que salió a bolsa, a día de hoy apenas queda un tercio del valor por cada título. Pero la situación ha sido incluso peor en los meses de confinamiento, cuando las acciones llegaron a situarse en los 0,77 euros. Recuperando poco a poco el tono, justo antes de que se hicieran públicas las conversaciones para llegar a la hipotética fusión, Bankia tenía un valor de mercado de poco más de 3.150 millones de euros, cifra que se ha multiplicado hasta llegar a los 4.245 millones con los que cerró la jornada del viernes tras apuntarse una subida del 33% a modo de celebración.
El precio del rescate
Aunque los exdirectivos dibujaron en sede judicial un escenario halagüeño en cuanto a sus proyecciones en Bankia, la realidad ha sido bien diferente. La participación del Estado es un buen ejemplo. El FROB recibió a cambio del 'rescate' un 68,3% del capital de la entidad, participación que se iría desinvirtiendo a medida que fueran consiguiéndose ciertos objetivos, o eso decía la teoría. Pero la situación en bolsa de la entidad no dejó muchas opciones para hacerlo. Hasta ahora, apenas se han desinvertido dos paquetes accionariales de la participación pública original que llegaron a manos privadas en 2014 y 2017, respectivamente. En un primer movimiento se vendió un 7,5% del capital del banco a un precio de 6,04 euros por cada uno de los títulos. El entonces Gobierno de Mariano Rajoy ingresó en las arcas públicas 1.304 millones de euros, pero se vio obligado a prorrogar el plazo para la privatización.
Tres años después, se hizo lo propio con un 7% de los títulos a un precio de 4,06 euros por cada uno de ellos, lo que supuso un ingreso de 818 millones de euros. Tras esta segunda operación, el Ejecutivo no tuvo más remedio que aumentar hasta diciembre de 2021 el periodo en el que se podría desinvertir esta participación, fecha que se mantiene hasta día de hoy. Una situación que no se podían ni imaginar los antiguos gestores ni incluso el propio Goirigolzarri. De hecho, así lo expuso en su turno ante el tribunal cuando insistió en torno a la idea de que Bankia no tuvo el viento a favor. Por todo ello, la operación que ahora se plantea puede suponer una salida para el Estado, porque aunque apenas recuperaría un pequeño porcentaje de lo invertido, tendría la posibilidad de vender su participación en unas condiciones más ventajosas.
Los cálculos a precios de mercado le otorgan alrededor de un 15% del capital que, al tratarse de un banco más grande y con mayor liquidez, sería más fácil de desinvertir maximizando la recuperación de las ayudas. Sea como fuere, lo que está claro es que más allá de la conexión con la anterior intentona de fusión allá por 2012, las diferencias entre unos y otros gestores y los apoyos que existen en este caso serán determinantes para que la operación salga adelante. Eso sí, mirando de reojo a la Audiencia Nacional.
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