Tres años después de que la Audiencia Nacional abriera causa para investigar la resolución del Banco Popular, no dejan de crecer las hipótesis sobre los motivos reales de su caída. Si en un primer momento el foco se puso en posibles irregularidades en la ampliación de capital acometida bajo la presidencia de Ángel Ron, ahora el caso encara nuevo rumbo tras escuchar en sede judicial a los últimos testigos, entre los que se encuentran la presidenta del Santander, Ana Botín, o el exdircom del Popular, Carlos Balado. El interés de los investigadores en esta nueva fase es esclarecer si el heredero del Popular contó con información confidencial para comprarlo así como si se filtró en prensa información falsa que supuso la puntilla para el entonces sexto grupo bancario español.
Las diligencias practicadas hasta la fecha evidencian una clara división entre los gestores de la etapa de Ron y los de Emilio Saracho, último presidente del banco. Mientras los primeros advirtieron que en 2016 y 2017 era solvente y que cayó debido a las filtraciones de información negativa de la entidad, otros imputados pertenecientes a la última época de la entidad explican que se financió con 400 millones la compra de acciones en la ampliación de 2016, que las tasaciones de inmuebles estaban infladas y que se encontraron la entidad en peor estado del que se esperan. Los testigos de peso que han desfilado por la Audiencia Nacional hasta el momento han arrojado poca luz al asunto. Sebastián Albella, Luis de Guindos, Elvira Rodríguez, todos apuntaron que el verdadero problema no era la solvencia sino la liquidez. Sin embargo, la testifical de este jueves supuso un jarro de agua fría para el último presidente de la entidad.
El exjefe de prensa del Popular, Carlos Balado, estaba llamado a declarar en calidad de testigo por lo ocurrido en los meses en los que se produjo una sangría de 16.000 millones de depósitos. Balado explicó al juez que Saracho aterrizó en febrero de 2017 para vender la entidad (dijo que quiso estrellarla en el BCE) y que más que filtraciones, lo que se produjo desde la cúpula del banco fueron declaraciones a periodistas acerca de una situación límite que terminó finalmente por suponer su final. De acuerdo con fuentes presentes en la testifical consultadas por este diario, Balado relató episodios críticos que van desde la emisión del hecho relevante a la CNMV a principios de abril de ese año, a la marcha de Pedro Larena (mano derecha de Ron) o lo ocurrido en la Junta de Accionistas de ese mismo mes.
La defensa de Saracho compareció en la cita con todos los correos que Balado se intercambió con el presidente pero sus declaraciones sobre esta última fase del banco tuvieron igualmente un fuerte impacto en los investigadores. Así, por ejemplo, señaló directamente a Saracho como el responsable de filtrar a prensa la salida de Pedro Larena así como la redacción del hecho relevante para reformular las cuentas del banco. Según dijo, su propósito era claro desde el principio: vender la entidad. Incluso asoció su salida a este movimiento. Todo ello pese a que el banquero negó este extremo en sede judicial y dijo que actuó siempre de acuerdo con las recomendaciones del comité de auditoría. La intención, dijo, era salvar al banco bien mediante una operación corporativa o ampliación de capital.
"No tenía más opción que comunicar noticias malas", dijo en su interrogatorio del pasado año. Sin embargo Balado le achacó también los malos presagios que se lanzaron en la Junta General de Accionistas de abril de ese año. Según expuso, Miguel Escrig, que se incorporó al Banco Popular como director adjunto al presidente, advirtió a Saracho que no dijera en dicha junta que el banco no tenía capital, ya que era solvente. Pero hay más: el exjefe de comunicación expuso que tuvo que hablar con cuatro periodistas que participaron en un 'off the record' con el presidente. Este pacto, que implica que no se puede publicar nada de lo que se trate en dichos encuentros, se vio amenazado después de que Saracho, según su versión, les dijera que no sabía lo que realmente valía el banco a tres meses vista de su resolución. Según dijo había que estudiar su situación real y si el valor llegaba a desplomarse la consecuencia sería nefasta para los accionistas. Balado dijo que les rogó para que no publicaran nada de lo tratado en la cita.
Cambios clave en mayo
En esa línea expuso que Saracho también dio a conocer a algunos medios que ya en febrero dijo que no iba a llevar a cabo el proyecto 'Sunrise'. Se refiere a una de las medidas que diseñó su antecesor en el cargo para desprenderse de unos 15.000 millones de euros en activos vinculados al ladrillo. Según alegó, pudo constatar que detrás de estas filtraciones estaría la misma cúpula del banco, hecho que le llevó a recordar a Saracho que no podía hacer esas declaraciones porque dejaba a su equipo de prensa "fuera de juego" y que además las tenía prohibidas, de acuerdo con las condiciones pactadas tas su fichaje. El precontrato, según dijo, también vetaba expresamente que hablara mal del Popular o que difundiera a terceros información interna.
Saracho por su parte siempre negó estar detrás de las filtraciones y expuso que hizo lo que pudo para salvar a un banco con graves problemas como su fuerte exposición al ladrillo. Sin embargo, las últimas testificales parecen inclinar más la balanza hacia un problema de liquidez. Así por ejemplo, antes de Balado comparecieron Ana Botín y el expresidente de Santander España, Rodrigo Echenique. Este último confesó tener buena relación personal con Saracho y dijo que ya en febrero le trasladó que estaba planteándose una operación corporativa para el Popular. Igualmente indicaron que desde el Consejo del Santander se planteó en mayo una posible compra del Popular pero que declinaron la oferta porque no les parecía una buena jugada a pesar de que la entidad contaba con provisiones suficientes.
A las partes presentes en estas testificales les llamó la atención que los banqueros negaran la opción de compra antes de verano y apenas meses después adquirieran el banco por un euro. El mes clave, según apuntaron, fue mayo. En esas cuatro semanas pasaron de consultar la información que el Popular puso en manos de terceros (proyecto Noya) para su compra a barajar la posibilidad de una resolución. Preguntada por cómo supieron tan pronto que el banco podía acabar en manos de la JUR, ésta dijo que no era difícil de prever teniendo en cuenta la fuga de depósitos que se estaba produciendo además de por lo recogido en los informes que tenían entre manos y también por la experiencia con el portugués Banif. Lo que sí rechazó de plano fue haber recibido presiones desde Economía o el supervisor para tener que comprar el banco dos meses antes de su fatal desenlace.
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