Dos coches, cinco motos de vigilancia, equipos ópticos y de audio y hasta software para acceder a datos bancarios... Villarejo ofreció a Repsol y CaixaBank sus mejores servicios para llevar a cabo su encargo bautizado como 'Proyecto Wine'. El mismo se formalizó en noviembre de 2011 y tenía por objeto controlar de cerca los movimientos de Luis del Rivero y su entorno ante la ofensiva de entrada de capital de Sacyr en la petrolera. Uno de los ejes fundamentales de este trabajo consistió en el control del tráfico de llamadas, las cuáles se produjeron un mes antes de que se firmara el proyecto presupuestado inicialmente en 925.000 euros.
Los agentes de Asuntos Internos encargados de la macrocusa Tándem así lo han acreditado durante cerca de un año de pesquisas en la pieza número 21. La misma se abrió el pasado mes de diciembre para esclarecer los acuerdos comerciales de la petrolera y Caixa con el entramado empresarial de Villarejo. El foco se puso en los exjefes de seguridad de ambos entes (Rafael Araujo y Miguel Ángel Fernández Rancaño) por haber sido los interlocutores con Cenyt. Cerca de doce meses después, el magistrado les cita como investigados junto con el 'segundo' de Araujo -Rafael Girona- además de Villarejo y Rafael Redondo. El objetivo es que rindan cuentas en sede judicial acerca de este trabajo que se libró entre 2011 y 2012 y sobre el que se han encontrado más de una treintena de documentos en soporte digital y papel.
La documental que se intervino tras el estallido de la operación en 2017 demuestra que, como ya hiciera en trabajos anteriores, Villarejo se acercó a sus clientes a sabiendas de lo que les tenía que ofertar. En este caso no dudó en desplegar todo el abanico de recursos que tenía a su alcance para demostrar que podría averiguar si Del Rivero y su núcleo más cercano (entre los que se encuentran su mujer y empleados de la constructora) llegaron a un pacto de sindicación con la mexicana Pemex para desbancar al presidente de Repsol, Antonio Brufau. Por ese motivo, en el auto por el cual da luz verde a las imputaciones, el magistrado Manuel García Castellón pide investigar si Villarejo se apoyó en medios de la Policía para espiar a todos ellos.
"¿Se conocen reuniones o contactos?"
Las anotaciones incautadas demuestran que se puso el foco en el tráfico de llamadas y en los bancos además de las propiedades inmobiliarias de Del Rivero y en sus sociedades. "Movimientos de los objetivos. A través de los teléfonos ¿Se conocen reuniones o contactos?", reza una de las notas. Otra apunta a la documentación bancaria: “¿Se conoce a quién van a prestar su apoyo? ¿Hay definición respecto a la refinanciación de la deuda de SV -Sacyr- sobre el paquete accionario del 20% de Repsol?", se preguntan. Incluso las pesquisas se centran también en México precisamente por el papel que jugó Pemex en este intento de asalto del capital que resultó fallido y provocó la salida de Del Rivero de la presidencia de Sacyr ante la falta de apoyo del resto de accionariado.
El foco se puso también en los hijos del expresidente de Sacyr, la mercantil Actividades Inmobiliarias Agrícolas (de quien es administrador Del Rivero) y un inmueble en el corazón del barrio salamanca. No obstante, el principal foco del seguimiento radica en el control de llamadas. Algunos archivos recogían informes de hasta 17 páginas con todas las comunicaciones que efectuaban y que se vigilaron en el marco del Proyecto Wine. Casi todas ellas se practicaron desde mediados de octubre pese a que, curiosamente, en ese mes solo estaba sobre la mesa un documento elaborado "con carácter previo" a la aludida contratación, que se materializó en noviembre.
Implicado un inspector de la operación Cataluña
Tras acreditar estos acuerdos comerciales, la Policía Judicial rastreó las cuentas de Cenyt identificando un total de siete pagos desde Repsol y CaixaBank por importe total de 413.600 euros. Esta cuantía, que se distribuyó en dos cuentas bancarias, fue a parar a su vez a una serie de empresas del comisario jubilado así como a otras personas socias de sus entramados, como es el caso del inspector Antonio Giménez Raso. Se trata de un policía en segunda actividad que trabajó para la agencia de detectives Método 3 y que se le vincula con la operación Cataluña. La misma habría estado orquestada por la policía patriótica bajo el Gobierno de Mariano Rajoy con el fin de frenar el proceso independentista .
Así, se transfirieron pagos de entre 5.000 euros y 36.000 euros a empresas del entramado como Munno Projects, Oilan 11 S-L o Nadna. También amortizaron la hipoteca de una de sus propiedades en Boadilla del Monte, emitieron cheques y ordenaron una transferencia cercana a los 37.000 euros para la sociedad Servicios de Investigación y Detección. Se trata de una mercantil ya extinguida y en la que figuraron como apoderados Villarejo, su socio Redondo y Giménez Raso. La fortuna supuestamente ilícita del comisario ya es objeto de esta investigación. Los agentes han acreditado hasta el momento un patrimonio solo en España cercano a los 20 millones de euros. No obstante, también tienen líneas abiertas en el extranjero para seguir el rastro del dinero a sociedades en las que figuran como apoderados, entre otros, su mujer y sus dos hijos mayores y que están radicadas en países como Panamá y Uruguay.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios