El Gobierno admite que ya se ha gastado en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) los 21.325 millones de euros del fondo de ayudas al desempleo (SURE) que concederá la Unión Europea a España. Según ha podido saber La Información, el Ejecutivo ha trasladado a los agentes sociales que solo hasta agosto la factura total asciende a 19.680 millones de euros, a lo que habrá que sumar la nómina de septiembre. El propio presidente Pedro Sánchez hacía referencia este martes en el Senado al "esfuerzo" realizado por el Estado desde el estallido de la pandemia al destinar 4.000 millones de euros al mes para la protección de estos trabajadores y en el área económica del Gobierno reconocen que ya contaban con que el dinero del SURE sería insuficiente para cubrir los ERTE.
La factura de los ERTE sobrevuela la mesa del diálogo social desde hace semanas. Las fuentes consultadas, tanto en la patronal como en los sindicatos, aseguran que han pedido a los ministerios de Trabajo y Seguridad Social en varias ocasiones que concreten cuánto se han gastado por este concepto durante la emergencia sanitaria. La respuesta la obtenían este martes: 19.680 millones de euros entre prestaciones y exoneraciones de cotizaciones a la Seguridad Social hasta el mes de agosto. Esta cifra supone más del 90% de la cantidad propuesta por la Comisión Europea para España del fondo SURE y todavía hay que añadirle la nómina de septiembre, por lo que el montante total superará de largo la cuantía del préstamo.
En la vicepresidencia económica del Gobierno admiten que ya contaban de antemano con que el dinero europeo no sería suficiente para cubrir los ERTE y serían necesarias emisiones de deuda adicionales, así como el recurso a otros fondos comunitarios por más de 1.600 millones de euros. Nadia Calviño explicaba durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos en el Congreso la semana pasada que el préstamo del SURE se corresponde con la solicitud que realizó el Ejecutivo en base a la previsión de gasto hasta el 30 de septiembre, pero lo cierto es que la factura se ha desbordado porque España pidió a Bruselas 23.803 millones de euros para pagar no solo los ERTE, sino también la prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos, las prestaciones por incapacidad temporal de las bajas laborales por Covid o el apoyo a trabajadores fijos discontinuos.
Solo el desembolso por los ERTE, según ha admitido ahora el Gobierno, por boca de los equipos negociadores de Trabajo y Seguridad Social, a las patronales y los sindicatos, ya ha superado los más de 21.000 millones del SURE, aunque, en cualquier caso, el dinero todavía no ha llegado. Se espera que el Consejo Europeo alcance un acuerdo este mismo mes y los países reciban un primer tramo de las ayudas en otoño de 2020 y el resto, el año que viene. Mientras tanto, España ha recurrido a financiarse a los mercados internacionales –el Tesoro ha programado emisiones por valor de 100.000 millones de euros adicionales– para obtener liquidez. Por cierto, las ayudas deberán devolverse en un plazo máximo de 15 años y la Comisión requerirá cada seis meses un informe sobre el uso de la asistencia financiera.
Mientras tanto, el Gobierno acaba de empezar a negociar con los agentes sociales una nueva prórroga de los ERTE, cuando faltan apenas tres semanas para que caduque el marco actual. Tras la 'cumbre de Mallorca', donde más que avanzar en la materia se buscó simbolizar el respaldo institucional al vapuleado sector turístico, la mesa técnica se reunió el pasado lunes para fijar un calendario 'exprés' que permita alcanzar un acuerdo la semana que viene. La primera cita se ha fijado para este jueves, cuando se debate un borrador inicial que han diseñado los equipos de Yolanda Díaz y José Luis Escrivá con las nuevas condiciones para esta regulación a partir de octubre.
De partida, las tres partes coinciden en que los ERTE deben prorrogarse más allá del 30 de septiembre, pero mientras la patronal y los sindicatos hablan de finales de este año o primavera de 2021, el Gobierno se resiste a poner fechas. También existe consenso en la necesidad de blindar las prestaciones para los trabajadores que lleven más de seis meses en ERTE, de manera que no vean reducida la cuantía del 70% al 50% de la base reguladora. Asimismo, parece haber sintonía en torno a la idea de focalizar las ayudas hacia las empresas que continúan con la actividad completamente paralizada y tienen a toda la plantilla en ERTE. Y todos apuestan por mantener la figura del ERTE 'de rebrote', que protege frente a nuevas restricciones sanitarias.
"No podemos seguir adelante con los ERTE si no conocemos el presupuesto"
Pero hay algo que tanto la patronal como los sindicatos han exigido conocer antes de continuar negociando la nueva prórroga de los ERTE con el Gobierno y es, básicamente, cuánto dinero hay. Los agentes sociales quieren saber de qué fondos dispone el Ejecutivo para seguir manteniendo la red de protección a la suspensión temporal de empleo, toda vez que ya han constatado que el crédito europeo específico para financiar esta partida se ha agotado antes incluso de hacerse efectivo y que, cuando llegue el dinero de Bruselas, se tendrá que emplear en pagar el endeudamiento en el que se ha incurrido durante estos meses para poder hacer frente al pago de prestaciones. "Esperamos que los ministerios de Trabajo y Seguridad Social no tarden en aportar toda esta información, porque no podemos seguir adelante con los ERTE si no sabemos de qué presupuesto disponemos", exigen los interlocutores de la mesa del diálogo social.
Calviño destacó en Comisión la necesidad de realizar "una gestión muy eficiente de la tesorería" para "minimizar las necesidades de emisión de deuda" y no cargar las cuentas públicas de más intereses. A la hora de definir la búsqueda de más recursos, la vicepresidenta no descartó que el Gobierno acuda al fondo de rescate del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). "Tendremos que ver cuáles son las previsiones de flujo. Puede ser el SURE, el MEDE o el Next Generation", explicó, aludiendo en último lugar al fondo de 750.000 millones de euros del presupuesto comunitario 2021-2024. La titular de Asuntos Económicos incidió en el "importante coste fiscal" que tendrán estos fondos y el resto de medidas adoptadas por el Gobierno para afrontar la crisis: un 5% del PIB de recursos aportados y un 15% del PIB en medidas de liquidez. Un "esfuerzo" sin el cual, aseguró, la economía se habría desplomado más del 25% y habría 3,5 millones de parados más.
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