Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) han salvado a 550.000 empresas de una muerte segura y, con ellas, cerca de tres millones y medio de empleos, de los cuales unos 800.000 siguen en 'coma inducido'. El problema es que los efectos de la pandemia han herido de gravedad a muchas compañías que continúan operando pese a una solvencia y una rentabilidad extremadamente precarias y que podrían verse arrastradas a la quiebra en los próximos meses. Son empresas 'zombies' que afrontan la nueva coyuntura con escasa viabilidad y el Gobierno está estudiando retirarles paulatinamente las ayudas de los ERTE para focalizar los recursos públicos en actividades con mejores perspectivas de futuro a medio y largo plazo.
Ese es el planteamiento que los ministerios de Asuntos Económicos y Seguridad Social han trasladado a los agentes sociales, al margen de la mesa de negociación que acaba de arrancar a nivel técnico con el Ministerio de Trabajo. Patronal y sindicatos se reunieron este lunes con los equipos negociadores del Gobierno, pero según fuentes presentes en el encuentro lo único que se hizo fue fijar un calendario 'exprés' de citas con el objetivo de alcanzar un acuerdo la semana que viene. La primera reunión se ha fijado para este jueves y está previsto que los agentes sociales se sienten a la mesa a debatir un borrador inicial que el Ejecutivo enviará en las próximas horas.
El Gobierno pretende acompañar la nueva prórroga de los ERTE de una estrategia de retirada gradual de este mecanismo, ante unos recursos fiscales limitados y en un escenario de elevada incertidumbre. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido públicamente que los ERTE se prolongarán "mientras sean necesarios", en particular la modalidad 'de rebrote' que protege frente a nuevas restricciones que se impongan en los centros de trabajo. No obstante, en paralelo, fuentes tanto de la patronal como de los sindicatos aseguran a La Información que la postura que han trasladado en privado los departamentos de la vicepresidenta Nadia Calviño y del ministro José Luis Escrivá pasa por evitar sostener artificialmente en exceso a empresas que no presenten la viabilidad suficiente para afrontar el cambio de coyuntura que viene tras el verano.
En la vicepresidencia de Asuntos Económicos evitan hacer comentarios sobre el 'inside' de una negociación que tiene como principales protagonistas a Díaz y Escrivá. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por su parte, sí fue algo más explícito que la titular de Trabajo al mostrarse dispuesto, tras la reunión con los agentes sociales en Mallorca, a focalizar las exenciones de cotizaciones en aquellas empresas que no hayan podido retomar la actividad y tengan a la totalidad de su plantilla en ERTE. La idea es afinar el instrumento para dirigir el mayor esfuerzo fiscal hacia los trabajadores que sigan con su empleo en suspenso, frente al esquema mantenido hasta ahora por el Ejecutivo que bonifica más a las empresas por los empleados que van reincorporando a la actividad.
La tesis del Banco de España
Sobre esa cuestión gira ahora el debate para la nueva prórroga de este esquema de protección del empleo que caduca el 30 de septiembre. Pero a la vez el Ejecutivo ya está trabajando en el diseño de un sistema permanente inspirado en el modelo alemán, tal y como avanzó la propia Calviño, previa retirada gradual del grueso del apoyo fiscal que se puso en marcha en lo peor de la pandemia. En este caso, el área económica más ortodoxa del Gobierno estaría asumiendo la tesis del Banco de España, que ha recomendado al Estado retirar progresivamente la 'respiración asistida' a las empresas para permitir que la economía haga sus ajustes estructurales. "No tiene sentido que mantengamos sectores o empresas 'zombies' durante mucho tiempo", ha advertido el gobernador de la entidad, Pablo Hernández de Cos.
Esta filosofía de "dejar morir a las empresas" redirigiendo las ayudas hacia sectores de gran peso en la economía y considerable valor estratégico no convence a los sindicatos. Fuentes de la UGT revelan que efectivamente ese fue el planteamiento que les trasladó Escrivá el pasado viernes en Mallorca: "Dedicar los esfuerzos a las empresas que tengan viabilidad". Un enfoque "erróneo", a juicio de representantes sindicales que consideran que "el Estado no debe dejar de inyectar dinero en las empresas que estén a punto de hundirse" y que precisamente es "en las actividades que están en peligro donde deben volcarse los recursos". Estas fuentes adelantan que de materializarse formalmente esta propuesta "del ala liberal del Gobierno" se desatará una "batalla" en la mesa de negociación.
Con todo, no se trata de un planteamiento asilado. Al revés, es un enfoque extendido en el mundo académico. En la misma línea que el Banco de España se ha pronunciado la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en las conclusiones del informe final del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19, en el que han participado más de 120 expertos, profesionales y académicos del sector público y privado. Recomiendan al Gobierno fijar una "estrategia explícita de retirada gradual de estas ayudas" que debería "acompasarse al ritmo de recuperación de los distintos sectores" con el fin de "facilitar la supervivencia de las empresas viables a largo plazo y de contribuir a un proceso ordenado de reasignación de recursos entre sectores y empresas".
Con estos objetivos, aunque los expertos consideran necesaria una nueva prórroga de los ERTE por fuerza mayor, piden que esta tenga "carácter selectivo, restringiéndose a los sectores que se enfrentan a los plazos más largos de recuperación de la demanda o a restricciones continuadas a su actividad por motivos sanitarios y a los proveedores que dependen fundamentalmente de los mismos, así como a las zonas afectadas por rebrotes importantes de la pandemia". Piden, además, "máxima flexibilidad" a la hora de afectar y desafectar trabajadores y una reducción gradual de las ayudas extraordinarias, además de incentivos para la formación de los empleados en ERTE y la compatibilidad parcial y limitada con la aceptación de otro empleo o una actividad por cuenta propia.
Levantar el veto a los despidos
"El plan de retirada gradual de los ERTE debería complementarse con una serie de medidas adicionales que facilitarían la reasignación de recursos y ayudarían a dar una salida razonable a aquellas empresas cuya situación económica no permite la reincorporación de toda su plantilla", recoge el documento, que contiene importantes coincidencias con el planteamiento de la patronal CEOE, por ejemplo, cuando apunta que "convendría derogar la prohibición de despedir por causas objetivas ligadas al Covid para que las empresas puedan ajustar el tamaño de sus plantillas por causas justificadas, algo que resulta razonable dado el deterioro imprevisto de la situación económica que se ha producido en los últimos meses". Hay que recordar que este fue uno de los principales puntos de fricción entre el Ministerio de Trabajo y los empresarios en anteriores negociaciones.
Y no solo eso. Fedea también considera, en línea con la CEOE, que es necesario revisar la 'cláusula de salvaguarda del empleo' que obliga a las empresas a mantener sus plantillas durante los seis meses posteriores a la reanudación de la actividad tras el ERTE. El informe del Grupo de Trabajo Mixto pide limitar la sanción a la devolución de las cotizaciones exoneradas durante la vigencia del ERTE al caso de aquellos trabajadores que hayan sido despedidos durante el plazo fijado y cuyo despido sea declarado improcedente o nulo. "Estas dos medidas ayudarían a evitar que muchas empresas en ERTE ligados al Covid terminen en quiebra o en concurso, sea porque los despidos llegan demasiado tarde para salvar a la empresa o porque el coste asociado a la penalización acabe siendo inasumible", zanja.
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