El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, expuso este lunes ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo las líneas maestras de la reforma del sistema de las pensiones que está negociando el Gobierno de España con la Comisión Europea y con los agentes sociales y que se pondrá en marcha en cuestión de meses. Entre otras, detalló las medidas encaminadas a alinear la edad efectiva de jubilación con la edad ordinaria, por un lado, fomentando la permanencia de los trabajadores mayores de 65 años en el mercado laboral y, por otro, desincentivando la jubilación anticipada. En este último punto, el planteamiento del expresidente de la Autoridad Fiscal pasa por recortar en los próximos años hasta en un 17% la cuantía de las pensiones que perciben los trabajadores de rentas altas que abandonan de forma voluntaria el mercado laboral antes de la edad legal de jubilación, que ahora, según la situación que Escrivá ha venido denunciando en los últimos meses, acostumbran a jubilarse con la pensión máxima del sistema por la inoperancia de los coeficientes reductores actuales.
Escrivá plantea retocar los coeficientes reductores de todos los pensionistas con el objetivo de desincentivar la jubilación anticipada, pero el esquema 'ataca' con especial intensidad a los llamados prejubilados vip, que aceptan abandonar sus empresas antes de tiempo con buena parte de sus salario y desembocan finalmente en el sistema de pensiones para percibir la pensión máxima del sistema. Sucede que, en el sistema actual, los trabajadores que cotizan por las bases más altas tienen topada al 4% la reducción que puede experimentar su pensión respecto a la pensión máxima del sistema, aún cuando anticipan su retiro dos años respecto a la edad legal (a razón de un 2% anual). Esto se reguló de este modo por la falta de sintonía entre la pensión máxima, que es de 2.707 euros al mes, y la base máxima de cotización, que llega hasta los 4.070 euros, lo que implica que los trabajadores que se mueven en las bases máximas del sistema cotizan mucho más de lo que luego van a recibir en su prestación. Bajo esta premisa, un trabajador en bases máximas podrían retirarse antes de la edad legal y mantener intacta su pensión por mucho que se aplicasen coeficientes reductores. Para evitar que escape a la penalización, la ley prevé que la pensión de las bases más altas se reduzca en cualquier caso en un 0,5% trimestral (ese 2% anual o 4% en dos años).
La propuesta de Escrivá es que a futuro los coeficientes reductores se apliquen directamente sobre la pensión resultante y no sobre la base reguladora de la pensión - como sucede ahora - para evitar que haya personas que puedan jubilarse antes de tiempo con una penalización mínima en su pensión y "reforzar la equidad", según lo explicado por el ministro Escrivá este lunes en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo. Pero hasta llegar a ese punto, plantea un periodo transitorio de seis años en que la reforma se hará de manera progresiva, que cuando culmine implicará un recorte del 17% para los que tengan mayores carreras de cotización y se retiren con dos años de antelación, frente al 4% actual. Para ese mismo supuesto, la reducción baja al 5% cuando la jubilación se produzca con un año de antelación, frente al 2% vigente, y al 3,64% si es con seis meses, frente al 1% actual.
Así figura en el detalle de la reforma que el Ministerio ha trasladado a la patronal y los sindicatos y que Escrivá no entró a especificar durante su comparecencia en el Pacto de Toledo. La idea es generalizar los desincentivos para todas las bases de cotización, de modo que los trabajadores con rentas más elevadas sufrirán una mayor penalización económica. Por ejemplo, a un trabajador que tenga una base reguladora de 4.000 euros y se jubile dos años antes de la edad legal, con el sistema actual solo se le aplicaría una reducción del 4% sobre la pensión máxima de 2.707 euros, resultando una cuantía de 2.599 euros, de modo que perdería unos 108 euros. Sin embargo, cuando la reforma esté completamente implementada, ese trabajador vería reducida su pensión en 460 euros, hasta unos 2.247.
En términos generales, más allá del retoque al mecanismo para castigar más las jubilaciones anticipadas voluntarias de las rentas altas, el planteamiento del Ministerio eleva la penalización del 16% al 21% para un trabajador con menos de 38 años y 6 meses cotizados que quiera jubilarse dos años antes de lo que le toca. Para los trabajadores con más de 38 años y 6 meses cotizados y menos de 41 años y 6 meses, el coeficiente por jubilarse 24 meses antes pasará del 15% al 19%. Para los que tienen más de 41 años y 6 meses cotizados, pero menos de 44 años y 6 meses, la jubilación anticipada dos años antes pasará a tener un coeficiente reductor del 17% frente al 14% actual. Por último, para quienes tienen una carrera de 44 años y medio y decidan jubilarse dos años antes, el recorte se mantendrá en el 13%.
En el caso de querer retirarse a un año vista de la fecha legal, el recorte pasaría del 8% al 5,5% para un trabajador con menos de 38 años y 6 meses cotizados, mientras que de producirse un adelanto de un mes en la jubilación, la penalización subiría del 2% actual al 3,26%. Esta tendencia a reducir el recorte en los 12 meses pero ampliarlo respecto a la cuantía actual si se quiere adelantar el retiro un mes, dos meses o tres meses (un trimestre) se repite en todos los tramos de vidas laborales. "En la mayoría de los casos, estos coeficientes suponen una menor penalización que ahora, especialmente para las carreras laborales más largas", apuntaba este lunes el ministro en el Congreso, quien señalaba como prioritario "incentivar la permanencia en el empleo" y eliminar los "elementos regresivos" del sistema actual.
Además de la modificación de los coeficientes reductores de la jubilación anticipada, Escrivá también planteó nuevos incentivos a la jubilación demorada, la modificación de la modalidad de jubilación parcial y las cláusulas convencionales de jubilación forzosa. Respecto a la jubilación demorada, la propuesta más interesante parte de la combinación de tres tipos de incentivos, entre los que el trabajador podría elegir, favoreciendo la máxima flexibilidad para cada persona. La primera opción sería la de un porcentaje adicional de la pensión del 4% por cada año de demora; la segunda, un pago único (de hasta 12.060,12 euros por año de demora para las carreras superiores a más de 44 años y medio) y una tercera que consistiría en una combinación de ambas.
En cuanto a la jubilación parcial, el planteamiento del Ministerio consiste en "flexibilizar su uso, a la vez que se corrige el abuso que se ha hecho de esta figura en algunos momentos". El ministro explicó que ha planteado a los agentes sociales la posibilidad concentrar hasta el 60% de la jornada el primer año, con la posibilidad de que en algunas actividades que impliquen situaciones peligrosas o comprometan la seguridad de terceros se pueda acumular totalmente al inicio. Por otro lado, también dejó claro que no pueden existir cláusulas de jubilación forzosa. No obstante, explicó que para las cláusulas que se hubieran incluido en los convenios colectivos bajo la normativa actual la reforma se pondría en marcha después de la finalización del convenio y existiría un periodo transitorio.
Actualización con el IPC
Respecto a otros asuntos, dentro de este primer bloque de medidas también estaría el nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones. El último planteamiento abordado con los interlocutores sociales consiste en la revalorización con el IPC del año anterior. Además, según explicó Escrivá, "en el supuesto caso de inflación negativa -algo muy infrecuente- las pensiones no sufrirían ninguna merma, sino que quedarían inalteradas". Sería en los tres años siguientes con valores positivos cuando se compensaría esa diferencia, salvo para las pensiones mínimas, a las que no se les aplicaría esta compensación. El mecanismo sería evaluado cada cinco años por el propio Pacto de Toledo.
En el primer bloque también se incluirá la reforma del régimen de autónomos, un trabajo que se está desarrollando de manera conjunta con el Ministerio de Hacienda. Este nuevo sistema, que está en fase de diálogo con las principales asociaciones, se aplicaría a partir de 2022 con un periodo transitorio. El planteamiento del Ministerio parte de 13 tramos "para facilitar la máxima flexibilidad a cada trabajador, ya que cuantos más tramos, cada trabajador tiene mayores posibilidades de adaptación a su capacidad de pago". Además, la flexibilidad también sería temporal, ya que cada trabajador autónomo podría elegir provisionalmente su base de cotización en función de previsiones de rendimientos, con la posibilidad de modificar su elección varias veces a lo largo del año.
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