La pieza del caso Villarejo que afecta a las contrataciones con BBVA se perfila como una de las más complicadas de las, al menos, 26 que componen esta macrocausa. Hace poco más de un año, el magistrado Manuel García Castellón imputaba al banco que preside Carlos Torres al considerar que podría haber cometido delito con estas contrataciones a Villarejo mientras estaba en activo en la Policía Nacional. Doce meses después, las diligencias han evidenciado, por un lado, un claro choque de acusaciones entre los investigados por desligarse de la contratación con el comisario y, por otro, los pormenores del 'forensic' encargado por la propia entidad para depurar todas las responsabilidades.
Aunque en los últimos meses los investigadores han impulsado otras piezas de Tándem como la relativa a Iberdrola o la bautizada como 'Dina', ésta ha sido una de las que más atención ha requerido recientemente. El parón provocado por la crisis del coronavirus no ha impedido que el juzgado retomara las diligencias en el mismo punto donde las dejó en marzo: con la declaración de los cargos de PwC que elaboraron el 'forensic' para el banco. En su primera toma de contacto en la Audiencia Nacional, el socio responsable de la consultora Javier López Andreo, explicó cómo se elaboró esta investigación y aclaró que, por orden de la defensa del banco, se dejaron fuera de la misma algunas evidencias relativas a encargos que investiga la Audiencia Nacional, como el relativo al grupo Sacyr, Fernando Martín o el abogado Luis Pineda.
Ya en su segunda declaración en sede judicial en junio, Andreo y su socio matizaron este extremo pero tanto los fiscales Anticorrupción como el propio magistrado le advirtieron de su figura de testigo perito y de que no había secreto profesional que justificase la no colaboración con la causa. Es más, se le apercibió que, de no entregar todo el material analizado en este tiempo, podría incurrir en delito de desobediencia. La orden, que plasmó el instructor por escrito, provocó un auténtico alud de reacciones en el caso por parte tanto de investigados como de presuntas víctimas de estos trabajos de Villarejo. Así, mientras el banco y su expresidente Francisco González pidieron que no se incorporara todo el material por afectar al secreto de su negocio, otros como la defensa de Luis del Rivero o Pineda se pronunciaron en un sentido totalmente opuesto insistiendo en que estos datos son claves para el esclarecimiento de los hechos.
Declaraciones en otoño
Con todo, no solo los personados como perjudicados velaron armas en torno a este asunto. El que fuera directivo de riesgos, Antonio Béjar, pidió al magistrado volver a declarar para poner blanco sobre negro en la investigación elaborada por PwC y que le implica directamente en las contrataciones con Cenyt. De hecho, la defensa de Béjar que ejerce el exmagistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez fue una de las más beligerantes con los peritos de PwC y denunció incorrección en las fechas relativas a las facturas de V&V Development (una de las firmas del entramado de Villarejo) y que se giraron desde el departamento que entonces dirigía su cliente. También apeló a una serie de correos intercambiados en 2013 con Rafael Redondo, socio de Villarejo, en relación a las contrataciones las cuáles, según su versión, se materializaron siguiendo órdenes concretas de la cúpula del banco.
Mismo requerimiento efectuó la directora de seguridad del banco, Inés Ochagavia. La sustituta de Julio Corrochano se acogió a su derecho a no declarar tras su imputación el año pasado. Su citación se encontraba entre la primera tanda de las acordadas por el juez por pertenecer a departamentos desde los que salieron los 10,28 millones de euros que el banco abonó a Cenyt entre los años 2004 y 2017. No obstante, doce meses después y con el secreto de las actuaciones ya levantado, la directiva también quiere aclarar que ella no tuvo capacidad de decisión en la firma de las facturas giradas a Cenyt y que, aunque la contratación se gestionaba desde el departamento que dirigía Corrochano, las órdenes partían de Servicios Jurídicos.
Precisamente el cruce de acusaciones ha sido otra constante en los últimos meses de instrucción. Aunque los primeros imputados en esta pieza del caso Tándem guardaron silencio ante el juez, Antonio Béjar se desmarcó de esta estrategia y confesó muchos datos de todos estos encargos en sus al menos cuatro comparecencias en sede judicial. El que fuera presidente de Distrito Castellana Norte mantiene una línea de colaboración con la Justicia que se ha materializado en la aportación de numeroso material y documentación que guardaba en su poder. Su versión chocó con la alegada tanto por los servicios jurídicos del propio banco como por su expresidente Francisco González, los cuáles defendieron el sistema de compliance de la entidad y delegaron cualquier responsabilidad en Julio Corrochano -el cual todavía no ha declarado en el caso- y el propio Béjar.
Fin del secreto
De hecho, uno de los momentos cruciales en esta investigación se produjo a principios de febrero cuando el instructor levantó el secreto de sumario. El acceso a las actuaciones reveló no solo las declaraciones que se celebraron a finales del pasado año a puerta cerrada sino también las diligencias acordadas por Fiscalía Anticorrupción tras el avance de las pesquisas de Asuntos Internos. Las mismas permitieron contrastar, siempre según la Policía Judicial, que para pagar todos estos encargos se produjo un sistema de facturas falsas. En concreto, y tal y como adelantó este diario, el 63% de los albaranes girados a Cenyt no siguieron los cauces normales de la entidad.
De todos los encargos al entramado de Villarejo destaca el primero de ellos relativo a 2004. El asunto, que el policía bautizó como 'operación Trampa', tenía como eje evitar la entrada de Sacyr en el capital del banco. Para ello practicaron seguimientos y controlaron comunicaciones no solo de los protagonistas directos de la historia sino también de un sinfín de periodistas, empresarios y banqueros del entorno de lo que apodaron como Grupo Hostil. A estos trabajos siguieron otros relacionados, según explicó Béjar en sede judicial, con seguimientos a clientes que habían contraído una gran deuda con la entidad como es el caso de Luis Portillo (Colonial) o Fernando Martín (Martinsa).
Béjar explicó que hasta 2010 el banco encargó muchos de estos asuntos a la agencia de inteligencia Kroll, si bien fue a partir de ese ejercicio cuando el entonces presidente Francisco González, dio ordenes de contratar con Cenyt por recomendación de Corrochano. Mientras el banquero niega estas acusaciones y asegura que se enteró de la trama ya en 2018, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que González estaba detrás de estas órdenes y que desde el primer encargo al entramado de Villarejo el 2 de diciembre de 2004, el BBVA ya conocí la "naturaleza ilícita" de la cuestión; esto es, que el agente encubierto se apoyaba en su red 'parapolicial' para acceder a datos de carácter confidencial de sus víctimas así como que los seguimientos implicaron la vulneración de los derechos fundamentales de las mismas.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios