Cuando Gobierno y autonomías aprobaron la estrategia de vacunación contra el coronavirus se partió de la base de priorizar a quienes más podrían sufrir la enfermedad o que, por su trabajo, tenían más posibilidades de contagiarse. Ese fue el motivo por el que se decidió que los ancianos que vivían en residencias, los trabajadores de estas y el personal sanitario fueran los primeros: su alta exposición al virus así lo aconsejaba. Pero a pesar de los problemas que están surgiendo para inmunizar a quienes integran estos grupos, en comunidades como Madrid ya piensan en los siguientes colectivos a los que vacunar. Según la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el de los camareros debería ser uno de los primeros en acceder al proceso. Por eso ha asegurado que estudiará cómo beneficiar a estos trabajadores de la hostelería en la administración de las dosis. Una promesa que no podrá cumplir ella sola. Salvo que convenza al Ministerio de Sanidad y al resto de comunidades autónomas.
El planteamiento de Ayuso para tomar esta medida pasa por considerar a quienes se dedican a servir en bares y restaurantes como uno de los "sectores altamente expuestos" a un posible contagio. Una idea por la que, según ha señalado, podría equipararse a quienes trabajan en este ámbito a los profesores y maestros de colegios e institutos. También entrarían en ese nivel los taxistas o los cajeros de supermercado, bajo la premisa de que quienes tienen actividad laboral en esos entornos permanecen mucho tiempo en sitios cerrados y cada día entran en contacto con numerosas personas. Aunque la presidenta ha matizado que, para llegar a este punto, primero tendrían que estar vacunados "los más vulnerables".
Un grupo decide quiénes se vacunan
Aun con la explicación de la líder popular, su Ejecutivo no puede tomar esa decisión de manera unilateral, siempre que se mantenga dentro de los cauces legales establecidos. Hay varios motivos que se lo impiden. El primero es que la estrategia de vacunación es de carácter nacional. El Gobierno central y las CCAA, entre las que estaba Madrid, acordaron en septiembre a través del Consejo Interterritorial de Salud que hubiera un único plan para todo el país. Por lo que si la Puerta del Sol quisiera aplicar su propio programa de inmunización, su Consejería de Sanidad tendría que pactarlo previamente con el resto de las autoridades sanitarias autonómicas y con el Ministerio que ahora dirige Carolina Darias.
De ese Consejo Interterritorial surgió un instrumento clave: un Grupo de Trabajo Técnico que dependería de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. Este equipo es el que se encarga de diseñar los grupos de vacunación y de establecer el orden para suministrarles las dosis que les protejan. En ese grupo, que es multidisciplinar, hay perfiles diversos especializados en la Medicina, la Enfermería, la Investigación, la Sociología, la Biología o la Administración Pública. Las autonomías también han designado a sus representantes en el órgano, y uno de ellos corresponde a Madrid. De esas reuniones es de donde surgen las propuestas para priorizar a unos colectivos sobre otros, como la que ha motivado la actualización de la estrategia el 21 de enero para dar preferencia en la inyección a profesionales de la odontología o a los mayores de 80 años. Y hasta el momento, este comité no ha puesto sobre la mesa que la hostelería tenga que ser prioritaria.
La hostelería no es un servicio esencial
Hay otro aspecto a tener en cuenta y que puede impedir que se lleve a cabo la idea de Ayuso de meter en el mismo grupo a camareros, taxistas y profesores. Los primeros no pertenecen a un sector con una actividad considerada como esencial, como decretó el Gobierno con la aprobación del estado de alarma. Algo que sí cumplen tanto conductores como docentes, que a juicio de las autoridades desempeñan labores necesarias e irremplazables. Lo que permitiría a estos últimos vacunarse mucho antes que a quienes forman parte de la restauración, ya que el Ministerio de Sanidad reservó el grupo 8 de vacunación a las "personas con trabajos esenciales". Para que alguien de la restauración fuera prioritario, debería cumplir con requisitos como ser mayor de 64 años, tener condiciones de riesgo o trabajar en todo momento en un entorno cerrado.
Ayuso no ha detallado cómo llevaría a cabo esta promesa de dar prioridad a quienes se desempeñan en los bares y restaurantes. Su idea se ha conocido después de la reunión que la presidenta ha mantenido con las patronales hosteleras, las cuales han celebrado que la autonomía les tenga tan en cuenta en medio de la pandemia. A preguntas de esta redacción, fuentes de la presidencia madrileña señalan que es "una medida que está en estudio desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid". Aunque admiten que "la estrategia de vacunación es nacional". Hasta el momento, y según los informes del Ministerio de Sanidad, Madrid ya ha administrado el 82% de las vacunas que ha recibido, al haber inyectado una dosis a 190.943 personas y las dos dosis necesarias para la inmunización a 15.837.
En ese encuentro entre Ayuso y los hosteleros, la líder del Ejecutivo madrileño ha anunciado que desde el viernes los locales podrán volver a permitir que en las terrazas se sienten seis personas como máximo, dejando atrás el límite actual de cuatro comensales. Una apuesta que da comienzo a una relajación de las restricciones en la Comunidad de Madrid, ya que Ayuso ha prometido a los hosteleros que retrasará el toque de queda en cuanto pueda. Lo que confirma que no tiene intención de limitar o clausurar el sector, al contrario de lo que hacen el resto de comunidades. Esto ha provocado el enfado de otros presidentes autonómicos. El más claro ha sido el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que se ha quejado de que la presidenta madrileña presuma de ser la menos restrictiva, malestar que ha argumentado señalando que la cercanía de Madrid dificulta que las restricciones que ha tomado en su territorio tengan todo el efecto deseado.
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