La exasesora de Podemos asegura en la Audiencia Nacional que tanto ella como el exlíder de la formación morada tenían acceso a sus dispositivos e insiste en que ambos son "perjudicados" en esta causa.
La Sala de lo Penal ha devuelto, por segunda vez, a la eléctrica la condición de acusación particular contra el ex 'controller' José Antonio del Olmo, que espera a conocer si el juez le aplica medidas de protección.
La Sala ha revocado el auto del instructor en el que se acordaba que no podía ventilarse en este "mismo procedimiento la pretensión sostenida por Iberdrola SA, de que se tratase de un documento manipulado".
Afirma que no hay pruebas que acrediten que Sánchez Galán ordenó contratar a Villarejo, pero sí hay indicios de que la iniciativa partió de él y de que fue informado con detalle del desarrollo de los encargos.
El ex 'controller' de la eléctrica amplía los argumentos para justificar la necesidad de que se apliquen medidas para frenar las "represalias" que la compañía dirige contra él por denunciar irregularidades.
La Sala de lo Penal estima los recursos de Anticorrupción, Luis del Rivero y Podemos y ordena al juez instructor que siga investigando sobre la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Manuel García Castellón, que investiga los negocios privados del comisario José Manuel Villarejo, ha acordado poner número a diligencias acumuladas en la 'pieza principal' para seguir indagando en ellas.
La entidad está convencida de que se volverá a dar 'carpetazo' a las actuaciones una vez se realice un estudio más amplio y descarta cualquier riesgo patrimonial vinculado a este procedimiento penal.
El instructor Manuel García Castellón apuntó a finales de enero la necesidad de aplicar sobre el exjefe de Control Corporativo de la eléctrica algunas medidas de la directiva europea de protección a denunciantes.
El juez instructor tenía intención de interrogar al jefe de los servicios jurídicos, Adolfo Fraguas, sobre el funcionamiento de las cuentas del banco, pero ha conseguido que finalmente lo haga un experto contable.
La Sala de lo Penal obligó reabrir la investigación sobre el contrato al comisario Villarejo y tomar declaración al 'compliance' de la petrolera y a la jefa de Auditoría del banco.
El ex 'controller' José Antonio del Olmo fue, al menos desde 2009 hasta su salida, apoderado o administrador de muchas de las empresas de la eléctrica, entre ellas la filial de renovables, imputada en el 'caso Villarejo'.
Escuchará a una quincena de personas que pudieron ser espiados por el comisario Villarejo. También ha convocado al exjefe de la UCAO Enrique García Castaño y a un nuevo exdirectivo de la eléctrica imputado.
La Sala de lo Penal ha avalado gran parte de las resoluciones del instructor Manuel García Castellón, aunque también le ha corregido en varias ocasiones como en el archivo de la investigación a Repsol y CaixaBank.
La reapertura del caso devuelve todo a la casilla de salida y siembra de dudas las predicciones hechas por las empresas implicadas en cuestiones de responsabilidad penal para evitar el posible daño reputacional.
Consideran que se ha personado en el caso 'Tándem' para desestabilizar a la energética vasca por medio de "calumnias y mentiras".
El presidente de la entidad ha trasladado todos sus respetos al trabajo del juez, pero cree que el proceso que se inició en 2018 y que aún no se ha cerrado se ha vuelto "cansino".
El exjefe de Seguridad del banco recuerda al juez instructor que aún no se ha manifestado sobre las diligencias que propuso realizar en octubre, tras 'confesar' cómo y por qué contrató al comisario jubilado.
El magistrado también escuchar a empleados que aclararan la relación del banco con el comisario Villarejo. Asimismo, señala que quedan recursos pendientes de resolver y la posibilidad de citar a más testigos.
Desde Podemos denunciaron que el magistrado estaba tratando de convertir a la víctima y a Pablo Iglesias en los sospechosos durante el proceso. Se trata de una de las cerca de 30 piezas relacionadas con Villarejo.
La entidad financiera acusa a su exdirectivo de estar haciendo una "búsqueda prospectiva" de sus correos corporativos para hallar algún indicio de que el banco "manipuló" la información aportada a la investigación.
El presidente de Iberdrola ha entrado en la sede principal de la Audiencia Nacional ante la expectación de una decena de medios de comunicación. En la sede judicial ya está declarando Fernando Becker.
García Castellón se reencuentra con Carlos Domínguez, el letrado que le recusó y le llevó incluso ante el Tribunal Supremo por las escuchas que ordenó sobre los Villar Mir en el caso del Tranvía de Navalcarnero.
El exdirector general de Negocios y el exjefe de Gabinete de Presidencia aseguran ante el juez de la Audiencia Nacional que no tuvieron conocimiento o participación en la contratación del comisario jubilado.
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