En un auto, el magistrado admite una solicitud de la Asociación de Juristas Europeos Prolege y deduce testimonio a los juzgados de instrucción de Madrid respecto a la supuesta comisión de dicho delito.
El magistrado instructor acordó el archivo de la querella de la eléctrica contra José Antonio del Olmo por falsedad documental. El exjefe de Seguridad quiere saber si la investigación por cohecho se mantiene.
Asegura que no negó ante el juez García Castellón la existencia de un 'examen' interno sobre contratos con proveedores externos. La Fiscalía ha solicitado que la entidad certifique si se realizó dicha revisión.
Tanto Anticorrupción como el magistrado Manuel García Castellón apuntan que un policía cercano al comisario jubilado siguió en 2018 ofreció servicios a BBVA "vinculados con las contrataciones de Cenyt".
Acepta la petición del exjefe de Seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo, que considera que el Estado debe responde por los daños derivados de los presuntos delitos cometidos por el comisario Villarejo.
La filial del grupo eléctrico que dirige Ignacio Sánchez Galán llevaba un año imputada como persona jurídica en relación al pago de una factura de 29.500 euros a la empresa del agente encubierto.
De entre el total de estas personas a las que se ofrecerán acciones destacan, entre otras, el empresario Ignacio López del Hierro, marido de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal.
El juez Manuel García Castellón acuerda también el archivo del procedimiento para José Antonio del Olmo, ex 'controller' de la eléctrica, que denunció que la cúpula de la eléctrica sabía cómo se contrató a Villarejo.
Los fiscales apuntan que el exinspector jefe de Policía Antonio Bonilla Martínez, imputado en varias líneas de investigación de la causa, utilizaba un nombre falso en sus colaboraciones con el comisario jubilado.
En el sumario de la investigación sobre el encargo realizado a Villarejo para impedir la extradición del empresario Ángel Pérez Maura hay unos audios que hacen referencia a la actual fiscal general del Estado.
El expresidente de BBVA también pide prorrogar la investigación por la contratación del comisario José Manuel Villarejo al considerar que quedan pendientes diligencias solicitadas por otros investigados.
La Sala de lo Penal desestima el recurso de apelación presentado por la Fiscalía porque los hechos habían prescrito, al igual que el de Florentino, aunque no ve indicios de que diese orden de contratar al comisario.
La compañía insiste en que no contrató al comisario jubilado en 2011 y que éste presentaba sus servicios a través de una plantilla repetida. Añade que muchos de los datos que entregaba eran "meras invenciones".
Recuerda que muchos de los datos ya fueron analizados por la Policía y advierte que algunos pueden afectar a "secretos" de la empresa y otros contienen información personal de empleados de la entidad.
Los fiscales impugnan ante la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional la decisión del juez Manuel García Castellón de acordar el sobreseimiento de la pieza Iberdrola con respecto al presidente de la eléctrica.
Porque todavía no se ha podido valorar con precisión su estado ni se ha corroborado que exista una "incapacidad mental sobrevenida".
La entidad financiera, imputada como persona jurídica desde 2019, considera que la investigación está ya "agotada", por lo que pide al juez de la Audiencia Nacional que no vuelva a prorrogar la causa.
Los fiscales estudian solicitar al juez de la Audiencia Nacional una nueva batería de diligencias para rematar la investigación abierta sobre los encargos realizados al comisario jubilado José Manuel Villarejo.
El juez instructor Manuel García Castellón se ha visto obligado a exonerar al presidente de Iberdrola después de que la Sala de lo Penal señalara que los delitos imputados a la cúpula directiva están prescritos.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón considera que los delitos por los que se le investigaba por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo están prescritos.
La Fiscalía Anticorrupción subraya que el comisario jubilado elaboró informes sobre posibles "actuaciones irregulares" del expresidente de Sacyr que pudieran tener una "rentabilidad en el ámbito judicial".
La renovación del responsable de este departamento será uno de los primeros nombramientos que estudie el nuevo Consejo Fiscal, órgano asesor de la fiscal general, cuyo primer encuentro será el día 29.
Anticorrupción vuelve a recurrir el archivo de la causa sobre la contratación del comisario jubilado para Repsol, CaixaBank y sus presidentes y reprocha al instructor que asuma los argumentos de las compañías.
El exjefe de Seguridad del banco declaró ante el juez que se adquirió la aplicación telefónica para prevenir "intervenciones ilegales" en los terminales de los miembros de comités de dirección de distintos países.
El magistrado de la Audiencia Nacional desestima la petición realizada por el presidente de ACS, Florentino Pérez, al considerar que podría conducir a una eventual responsabilidad objetiva.
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