ERC ha pedido a la titular de Defensa que dimita, mientras que el PNV califica la situación de "desastre". El PP critica que Robles no defienda en el Consejo de Ministros a los funcionarios del centro de Inteligencia.
Los sindicatos se apoyan en las 4.500 jubilaciones que se produjeron en la administración general del Estado durante el primer semestre de 2021 para reclamar una oferta ambiciosa de cara a este año.
El Ejecutivo proyecta un incremento de las nóminas de los pensionistas de más del 6% para 2023, mientras impone la moderación salarial para los empleados públicos con un alza prevista de en torno al 2%.
Pese a todo, las prestaciones de retiro de Clases Pasivas crecieron a un ritmo menor -14%- que las del General -21%- durante la última década. La reforma de pensiones trastocará el progresivo acercamiento.
El Tribunal de Cuentas fiscalizará con una auditoría externa la actividad económica y financiera de la Casa Real, según recoge el decreto sobre la estructura y el funcionamiento de la Jefatura del Estado.
El Gobierno se dio un mes para aprobar un plan de eficiencia energética en la administración pero todavía no ha convocado a los sindicatos ni les ha trasladado un borrador con alguna propuesta en esta materia.
El Gobierno comunica a los sindicatos que descarta la congelación e incluirá en los Presupuestos un incremento de las nóminas en línea con la inflación prevista y con la subida aprobada para las pensiones.
Cerca de 20.000 empleados públicos del régimen especial para funcionarios decidieron abandonar su actividad en el último tramo del año al calor de los rumores sobre posibles recortes en sus pensiones.
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Siete millones de pensionistas ingresan menos de 12.001 euros anuales en 14 pagas y están exentos del IRPF. La subida del 0,9% ha supuesto para muchos pensionistas rebasar esa cantidad y pagar un 2,61%.
En un comunicado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios señala que la Seguridad Social se ha comprometido a estudiar estas dos medidas planteadas en una reunión mantenida ayer con el sindicato.
El patrimonio de una persona fallecida sin descendencia termina integrándose en el Tesoro Público, sin embargo, los ciudadanos que avisen de ello a las autoridades pueden recibir una recompensa a cambio.
Las ayudas asistenciales son para mutualistas jubilados y titulares viudos o huérfanos, que se encuentren en situación de insuficiencia de ingresos.
El número de funcionarios apenas aumenta en 12.000, mientras el personal eventual se incrementa en 92.000. El número de empleados en las administraciones públicas se situó en 2,73 millones.
Pueden retirarse cinco años antes, a los 60 con 30 años en la Administración, y eso hace que el número de jubilados en Clases Pasivas aumente a un ritmo tres veces mayor que en el Régimen General desde 2018.
Los salarios brutos que se publican a través de los Presupuestos Generales del Estado representan una fracción bastante menor de lo que suelen ganar los empleados de la Administración pública.
La asociación UPSJ convocó varias jornadas de protesta para reclamar una mayor subida salarial y asegura que el 60% de los letrados de la Administración de toda España se han sumado a la reivindicación.
Funcionarios de Justicia afirman que solo algunas administraciones autonómicas han trasladado las medidas a aplicar. El Ministerio asegura que se están llevando a cabo tareas para la seguridad informática.
La Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) pide justificar alrededor del 80% de los accesos a datos de contribuyentes por parte de los funcionarios anualmente.
El acuerdo implica el reconocimiento de los hechos y supone rebajar la petición inicial un grado al apreciarse la atenuante de dilaciones indebidas en el proceso.
Uno de cada cuatro empleados públicos en las administraciones es interino y poco más de la mitad del total de los efectivos es funcionario de carrera. El 43% de la plantilla en ministerios tiene entre 50 y 59 años.
La Administración le denegó el permiso amparándose en que tenía pendientes de disfrutar días de vacaciones, por lo que decidió descontar los 5 días de cuidado del menor de sus vacaciones no disfrutadas.
Subraya que la entidad 'heredera' tiene dificultades para encontrar toda la documentación reclamada por el juez. No descarta la posibilidad de practicar nuevas diligencias tras escuchar a los funcionarios del BCE.
El pasado jueves 30 de diciembre, entró en vigor la ley para reducir la temporalidad en el empleo público, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La central de funcionarios considera que estas contrataciones no compensan las 58.536 bajas registradas en la Seguridad Social desde septiembre de 2021.
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