Ambos sostenían en su recurso que no publicaron la información, que entregaron la tarjeta a Pablo Iglesias a través del presidente del Grupo Zeta Antonio Asensio y que existió un requerimiento policial de Villarejo.
El organismo se ha puesto en contacto con el Ministerio de Justicia para trasladar al departamento de Pilar Llop la necesidad de encontrar nuevos lugares que resuelvan de una vez por todas el problema de espacio.
Los fiscales insisten en su legitimidad para impulsar la imputación del expresidente de BBVA por un delito de administración desleal por la presunta utilización de los recursos del banco para su uso personal.
El expresidente de Sacyr Vallehermoso, personado como perjudicado en dos líneas de investigación de la macrocausa, pide al juez acceder a más documentación para recabar todos los datos sobre su espionaje.
"Necesitamos saber el contenido completo de ese informe, no la selección que le interesa a la parte acusadora", ha dicho su abogado García Cabrera.
El exjefe de Seguridad de BBVA solicita a un perito que analice sus cuentas bancarias para demostrar que no cobró ninguna dádiva, ni obtuvo beneficios con la contratación del comisario jubilado para el banco.
Hacienda envía al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón un 'modelo' que refleja todas las grandes compañías de España que requirieron los servicios del comisario jubilado entre 2011 y 2012.
En esta nueva impugnación incide en que "no existe indicio alguno de delito" en su contra, haciendo hincapié en que ni siquiera concurrirían los elementos que conforman el delito de cohecho activo.
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao afirma que el ex 'controller' José Antonio del Olmo no tenía autorización para sacar la documentación, que contenía "secretos empresariales", fuera de la compañía.
Su defensa pregunta ahora a la Sala de lo Penal si considera que el Ministerio Fiscal "está legitimado para impulsar -sin denuncia de la persona agraviada- la investigación" contra él por administración desleal.
Los ex jefes de Seguridad de Repsol y CaixaBank insisten en que no podían saber que el comisario seguía estando en activo. Afean al juez que pretenda atribuirles "conclusiones" de otras líneas de investigación.
Manuel García Castellón desestima su recurso y confirma el auto de pase a procedimiento abreviado en el que proponía juzgarlo por un delito cohecho activo.
Sergio Ríos entró en el cuerpo policial después de prestar sus servicios como conductor a la familia del extesorero del PP.
Afirma que los hechos investigados en el 'caso Tándem' no han prescrito y que se dan todos los requisitos para investigar al presidente de Iberdrola por un delito continuado de cohecho por contratar a Villarejo.
Aporta un certificado del Registro Mercantil para demostrar que nunca ha sido miembro del Consejo de Administración de la empresa filial de Iberdrola, investigada por contratar al comisario jubilado Villarejo.
El juez que instruye el 'caso Tándem' reprochó a los jefes de Seguridad de Repsol, CaixaBank e Iberdrola que contrataran al comisario jubilado José Manuel Villarejo sin verificar el escalafón de la Policía Nacional.
Aún pendiente de que la Sala resuelva los recursos contra la desimputación de las empresas y de máximos responsables, el magistrado de la Audiencia Nacional da por finalizada esta parte de la instrucción.
Tras comprobar con Microsoft que los mensajes no desaparecen, pide que se reclame una “copia íntegra” de todas sus conversaciones. También quiere acceder a los discos duros del ordenador que utilizaba.
Afirma que no tiene "legitimación activa" para acusar en la investigación sobre la contratación del comisario jubilado. Advierte que si detecta un perjuicio a la Administración volverá a pedir su personación.
Asegura que Anticorrupción pidió al juez que investigue al 'dircom' del banco porque no encuentra pruebas que puedan ser utilizadas en contra de la entidad financiera sobre su falta de colaboración con la Justicia.
En un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción Número 6, la compañía sostiene que Pérez hace uso de su posición para "defender a uno de los acusados en la causa".
Los fiscales le atribuyen el uso de recursos de BBVA para obtener información de una finca en la que tenía interés personal.
Los fiscales del 'caso Tándem' fueron los que interesaron a principios de julio la imputación por los delitos de cohecho y revelación de secretos al entender que se habían saltado sus propios controles internos.
La petición llega tras siete años de diligencias y después de que en julio el juez de la Audiencia Nacional propusiera juzgar tanto a López Madrid, como a José Manuel Villarejo y a su socio, Rafael Redondo.
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