La aseguradora abonará un pago único a toda la plantilla este mes de julio como parte del nuevo convenio colectivo acordado con los sindicatos UGT y CCOO que ratifica el preacuerdo firmado el pasado jueves 7.
El Ministerio justifica la "extraordinaria y urgente necesidad" de la norma, después de haber asegurado que el hito comprometido con Bruselas -fijado hace 15 meses- se cumplió ya a finales del pasado mes de junio.
La patronal y las asociaciones vinculadas a UGT aceptan la propuesta actual del Ministerio, a la espera de cerrar los últimos flecos del texto definitivo, mientras UATAE demanda más protección para el colectivo.
La dirección automovilística y UGT, CCOO, Ekintza y PIM han lanzado un preacuerdo, a pesar de que ELA, LAB y ESK no lo apoyen al opinar que no se vinculan los salarios al IPC para garantizar el poder adquisitivo.
El sindicato amenaza con movilizaciones de empleados públicos durante el próximo mes de septiembre si no se llega a un acuerdo sobre la revisión de los sueldos y las condiciones laborales de los trabajadores.
En el plano político no ha participado ningún líder de los partidos, como había demandado el equipo de la ministra de Trabajo. En su lugar, las formaciones han optado por enviar a diferentes cargos intermedios.
El nuevo convenio consolida algunos derechos ya adquiridos, como la puesta en marcha de la semana laboral máxima de cinco días o la aplicación de los permisos retribuidos a partir del primer día laborable.
El conflicto parecía algo más encauzado después de que empresa y comité retomaran el martes el diálogo que la dirección había suspendido el 17 de junio cuando los sindicatos anunciaron varios días de protestas.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha confirmado que el encuentro de la comisión de seguimiento del pacto de Gobierno donde buscarán proteger el poder adquisitivo y ampliar los derechos de los ciudadanos.
La ministra de Trabajo asegura que convocará la Comisión de Expertos del SMI antes de las vacaciones de verano con el objetivo de seguir con los incrementos, tras conseguir negociar el nivel de los 1.000 euros.
La patronal cree que es un comportamiento habitual al iniciar la temporada turística estival. Los autónomos celebran la mejora de los datos aunque ponen el foco en el pequeño comercio. UGT pide subir los salarios.
Para cualquier empresa, sea española o, colombiana, el pasado de Petro es preocupante: formó parte del M-19, un movimiento guerrillero muy particular.
Tanto UGT como Comisiones Obreras tienen anunciado otro paro para el día 29 y los tres primeros otros días de huelgas entre el 27 de junio y el 1 de julio.
UGT no lo ve abusivo sino una forma de luchar contra la usura, mientras que CCOO considera que es una herramienta "para salir del paso" y aboga por una reforma integral con un tipo mínimo de al menos el 15%.
Desde el Ministerio de Seguridad Social aseguran que en el encuentro mantenido con las asociaciones más representativas de los trabajadores por cuenta propia y los agentes sociales se han "logrado avances".
El candidato socialista llega al 19-J con los sondeos en su contra e intenta movilizar a su electorado con un discurso centrado en evitar el avance de PP y Vox en Andalucía, que hasta 2018 era un bastión del partido.
La compañía automovilística ha sellado un preacuerdo con UGT y CCOO que incluye la revisión del salario vinculada a la inflación con carácter retroactivo desde 2021 y la garantía de empleo en los cinco centros.
El líder de la formación de Santiago Abascal ha presentado una batería de diez medidas de reducción de gasto "superfluo e ineficaz" y anticipa más medidas de calado por las diferentes consejerías autonómicas.
La patronal continúa en alerta por la escalada de la inflación y ve inviable ya un acuerdo para orientar la negociación colectiva en 2022. Los sindicatos elevan la conflictividad por las cláusulas de revisión al IPC.
Sin embargo, la ministra de Hacienda aseguró que una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional debe ir acompasada a la situación económica, y recordó que el país está "en mitad de una pandemia".
Según cifras de los sindicatos, 400 empleados de la compañía protestan en Barcelona, después de que la empresa haya llegado a acuerdos con todos los fondos menos con Deutsche Bank para obtener la ayuda.
El acuerdo contempla abrir un diálogo entre el Gobierno y los agentes sociales con idea de aprobar el destope de cotizaciones sociales antes de que acabe la legislatura.
Ha desestimado el recurso presentado por la empresa y da la razón a UGT después de que el sindicato reclamase la sentencia que autorizaba a la aplicación del expediente de regulación temporal de empleo.
Los fondos exigían como requisito controlar el 49% de las acciones a través de una transformación de deuda participativa en títulos, condición incompatible con la concesión de la ayuda pública de 550 millones.
Pedro Sánchez ha remarcado la voluntad del Ejecutivo de abordar un incremento "inmediato" y continuar así con el compromiso electoral de que alcance a final de la legislatura el 60% del salario medio.
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