La consultora Ernst & Young (EY) ha participado en el proceso de elaboración de la documentación que el Gobierno ha enviado a Bruselas en el marco del Plan Nacional de Inversiones y Reformas confeccionado como llave de acceso a la caja del fondo de recuperación europeo del que España aspira a obtener hasta 140.000 millones de euros. Según ha podido confirmar La Información a través de fuentes empresariales conocedoras de los trabajos desarrollados, la big four ha asesorado al Ejecutivo en la redacción de los distintos borradores de la ficha 30 -como se denomina en el argot comunitario al documento que recoge las medidas a adoptar en materia de pensiones- donde se llegó a incluir la polémica ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión desde los 25 hasta los 35 años, una materia competencia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá.
Fuentes consultadas en distintos círculos empresariales vinculados al ámbito de las big four revelan que personal cualificado de EY, con experiencia en asesoramiento a entidades públicas y, en particular, especializado en el aprovechamiento de los fondos del Next Generation UE y concretamente al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Gobierno español, ha venido asesorando al área económica de Moncloa específicamente en la ficha sobre la "sostenibilidad del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo". Se trata de un texto que ha sido objeto de varios borradores que el Gobierno español ha intercambiado en conversaciones informales con la Comisión Europea en los últimos meses y que en una versión inicial contempló la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones a 35 años, objetivo que fue rebajado en la versión final por la presión ejercida desde el flanco de Unidas Podemos.
En cualquier caso, las fuentes conocedoras de la labor llevada a cabo por el personal de EY aseguran que la consultora ha asesorado al Ejecutivo en aspectos "técnicos", de "revisión" o de "formato" de la ficha. Estas aportaciones, por tanto, no habrían afectado al fondo, sino a la forma. De modo que la compañía no habría influido en el contenido de la reforma de las pensiones, pero sí en los aspectos formales del documento para adecuarlo a los estándares requeridos por la Comisión Europea. Se trata, no obstante, de la primera vez que se conoce que una empresa privada ha participado en el proceso de elaboración de los documentos del Gobierno sobre reformas públicas para remitir a Bruselas, un hito que las fuentes citadas relacionan con la "excepcionalidad" del momento y la necesidad de afinar al máximo todas las formalidades para conseguir los ansiados fondos europeos.
Consultados al respecto de estos trabajos desarrollados para el Gobierno, desde EY declinan hacer comentarios. No obstante, La Información ha podido saber que la consultora se hizo con un contrato público adjudicado a través de un procedimiento restringido, que es aquel por el cual la administración invita a participar expresamente a una serie de empresas que cumplen unos requisitos iniciales establecidos por el órgano de contratación y que se utilizan específicamente para servicios intelectuales de especial complejidad, como es el caso de determinados servicios de consultoría. Al procedimiento concurrieron varias firmas y el contrato fue adjudicado a EY tras las pertinentes comprobaciones de solvencia de los distintos candidatos. Un portavoz oficial de Seguridad Social asegura que el Ministerio no ha contratado a ninguna consultora externa, mientras otras fuentes apuntan a que el encargo encaja en el área económica de Moncloa.
El asunto, en cualquier caso, es espinoso, pues los agentes sociales han denunciado el secretismo mantenido por el Gobierno, en particular respecto a reformas sensibles como la laboral o la de pensiones, de cuyas líneas maestras fueron informados en el último momento. El Ejecutivo dejó para el final el envío a Bruselas de estas dos últimas fichas, con el objetivo de informar previamente sobre su contenido a patronal y sindicatos. Pero tras la reunión mantenida el pasado 15 de enero con los responsables del área económica del Gobierno, los interlocutores sociales criticaron el escaso detalle del que Nadia Calviño les hizo partícipes, así como el hecho de que la vicepresidenta hubiera priorizado el diálogo con las autoridades europeas. Ahora se conoce, adicionalmente, que el Ejecutivo también compartió sus planes con empresas privadas antes de explicárselos a CCOO, UGT y CEOE.
Lo cierto es que los principales oráculos del mundo empresarial, capitaneados por las todopoderosas big four -Deloitte, PwC, EY y KPMG- llevan semanas llamando a las puertas de los distintos departamentos ministeriales para ofrecer su colaboración y participar, de la mano con la Administración, en la carrera por los fondos europeos. Los equipos multidisciplinares han adecuado su labor de asesoramiento tradicional al nuevo roll específico que exige la complejidad del paquete de ayudas europeas para hacer de nexo entre empresas y Estado en la configuración de proyectos valedores de los fondos. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto en valor la colaboración público-privada en este proceso. Pero cosa distinta es la participación directa de empresas privadas en la elaboración de reformas de gran calado social y especialmente sensibles, como es, en este caso concreto, la del sistema de las pensiones públicas.
Es más, según las fuentes consultadas por este medio, EY habría participado en la composición de otros documentos remitidos por el Gobierno español Bruselas. Hay que recordar que, en total, se han enviado una treintena de fichas en las que se detallan las 170 reformas que se prevén desarrollar ligadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Entre ellas, destaca la de las pensiones por la polémica desatada en torno a uno de los borradores en los que se plasmó la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión hasta los 35 años, que supondría un recorte en las prestaciones del 6,3%. Escrivá negó públicamente haber planteado esta medida, pero la publicación del borrador con el membrete de su departamento confirmó su existencia. Ahora se conoce que la consultora EY asesoró al Ejecutivo en la concreción de aspectos técnicos de ese documento.
En la ficha final remitida a la Comisión se modificó este asunto por la presión ejercida desde Unidas Podemos y por el rechazo frontal que mostraron los sindicatos a cualquier reforma que implicase un recorte de las pensiones. De modo que, finalmente, la medida no se ha trasladado a Bruselas... al menos, no en los mismos términos. Lo cierto es que el documento definitivo sí contempla la ampliación de los años sobre los que se calcularán las futuras pensiones de jubilación, junto con una revisión del procedimiento de integración de las lagunas de cotización, pero elimina cualquier referencia numérica tanto a esos 35 años como al eventual recorte del 6,3% que sufrirían los jubilados. El objetivo, justifica la Seguridad Social, es aumentar la contributividad del sistema, reflejando en mayor medida unas vidas laborales con interrupciones cada vez menos excepcionales.
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