La primera reunión de la mesa del diálogo social para la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ha finalizado en línea con el guion previsto. El Gobierno ha planteado a patronal y sindicatos extender el modelo actual, sin importantes modificaciones, hasta el día 31 de mayo, mientras los empresarios han insistido en la necesidad de facilitar los ajustes de plantilla sin penalizaciones para permitir a las compañías adaptarse a la situación de crisis reduciendo costes laborales.
Fuentes del diálogo social avanzan que la idea trasladada por el Ministerio de Trabajo en el encuentro de este viernes se basa en prorrogar el último acuerdo alcanzado a finales del pasado mes de septiembre, sin cambios sustanciales. Un planteamiento que los sindicatos valoran como "positivo", si bien matizan que analizarán la propuesta del Ejecutivo en un texto definitivo que se discutirá el próximo lunes en una nueva reunión.
Los empresarios, por su parte, han insistido en pedir al Gobierno que revise la cláusula de salvaguarda del empleo que obliga a mantener en plantilla a los trabajadores en los seis meses posteriores al ERTE. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya lo advertía esta mañana: "Nos guste o no va a tener que haber ajustes de plantilla. Esto ya no es marzo y las empresas tienen problemas de solvencia. Lo que no puede ser es que (si despiden) se las obligue a devolver todas las exenciones por haberse cogido a un ERTE, cuando sería más lógico devolver la parte de esa persona que pudiera salir fuera, porque si no, en lugar de consolidar puestos de trabajo, vamos a destruir muchos más".
La patronal también ha pedido que los ERTE se extiendan, como mínimo, hasta junio, en sintonía con los sindicatos, que defienden que el esquema de expedientes de regulación temporal de empleo debería mantenerse mientras dure la pandemia. Así lo ha demandado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en un encuentro informativo con los medios de comunicación este viernes. El Gobierno, no obstante, solo parece dispuesto por el momento a extender los ERTE hasta el 31 de mayo, según confirman fuentes del diálogo social a La Información.
Los sindicatos, de su lado, hacen una valoración positiva de la prórroga hasta esa fecha de las condiciones establecidas actualmente, en especial las que garantizan la protección de los derechos laborales, como el acceso a la prestación sin periodo de carencia, que no compute el tiempo consumido de prestación hasta enero de 2022, el denominado "contador a cero" y que se mantenga la cuantía en el 70% de la base reguladora.
Con todo, se mantendrá abierta la comisión tripartita que valorará nuevas prórrogas de ser necesarias más allá del verano. Una posibilidad con altas probabilidades de darse, habida cuenta de que la campaña de vacunación va más lenta de lo previsto y de que la situación epidemiológica actual no invita a pensar que el virus vaya a desaparecer a corto plazo, según analizan fuentes de los interlocutores sociales.
Y es que el contexto en el que se debate la prórroga es crítico. Los expertos coinciden en que España ha entrado de lleno en la tercera ola de la pandemia en una posición más vulnerable que cuando encaró la segunda embestida de la Covid a principios de septiembre. El empeoramiento de los datos sanitarios tras los contagios de Navidad está obligando a buena parte de las comunidades autónomas a tomar medidas más restrictivas, afectando intensamente a la actividad económica y laboral. Mientras tanto, las empresas aguardan en alerta ante lo que pueda suceder con el salvavidas de los ERTE, en especial unas 175.000 compañías que mantienen sus plantillas hibernadas en estos momentos, con 755.600 trabajadores afectados.
Agilización de los trámites
Una de las modificaciones que sí aparecerá en la prórroga del sistema actual de ERTE es la agilización de los trámites "al máximo", para que las empresas puedan cambiar de tipo de ERTE con facilidad, por ejemplo pasando de un expediente por limitación de la actividad a uno por impedimento, "sin tener que pasar por todo el proceso, casi de manera automática, solo informando a la autoridad laboral", explican las fuentes consultadas por este medio.
Todo apunta a que el grueso de la regulación se mantendrá en lo que tiene que ver con las prestaciones para trabajadores, como reclaman los sindicatos. También parece claro que permanecerá la limitación de repartir dividendos y de acceso a ayudas por empresas situadas en paraísos fiscales. Y el mayor punto de fricción con la CEOE, la cláusula de salvaguarda del empleo, también parece que se quedará, según indican fuentes del diálogo social que auguran que la patronal no se saldrá con la suya en esa lucha.
La intención del Ministerio de Trabajo es evitar a toda costa que las negociaciones se demoren hasta el tiempo de descuento (el esquema actual caduca el 31 de enero) y lograr cerrar un acuerdo antes del día 15, para dar certidumbre a empresas y trabajadores, según explican fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz. La próxima reunión con patronal y sindicatos se producirá el lunes por la tarde y para entonces los agentes sociales habrán podido analizar la propuesta del Gobierno, negro sobre blanco, para dar su eventual visto bueno.
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