Cuando Pedro Sánchez tomó la decisión de romper la histórica unidad operativa y funcional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para satisfacer las aspiraciones de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición, no pocos cuestionaron la viabilidad práctica de ese movimiento político táctico y advirtieron de toda una retahíla de contraindicaciones para articular la política laboral desde dos departamentos distintos cuyas competencias deberían encajar como un reloj suizo. Medio año después y en un momento especialmente convulso en todos los ámbitos por el estallido de la crisis sanitaria, los agentes sociales empiezan a mostrar cierto agotamiento ante el pulso que mantienen Yolanda Díaz y José Luis Escrivá en las negociaciones abiertas sobre aspectos que son clave para la fase de recuperación que encara la economía española.
Fuentes del diálogo social que participan habitualmente en reuniones con el Gobierno consultadas por La Información aseguran que Díaz y Escrivá "no se entienden". Aluden a una "manifiesta rivalidad" entre ambos y al signo político "especialmente marcado" de la ministra de Trabajo, frente al perfil técnico del titular de Seguridad Social. "La percepción que tenemos es que no hay comunicación entre los dos departamentos y esto nos está complicando mucho la labor, especialmente a la hora de recabar información", comentan estas fuentes, que ponen como ejemplo las trabas a las que se enfrentan cuando solicitan datos de los que no dispone el Servicio Público de Empleo Estatal, sino que están en manos de la Tesorería o del Instituto Nacional de la Seguridad Social, lo que llega a rozar el "absurdo", en sus palabras.
Esto está sucediendo, por ejemplo, en cuestiones relacionadas con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), herramienta clave para contener la sangría del mercado laboral durante esta pandemia. Los sindicatos solicitaron al secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, información relacionada con el trasvase que se está produciendo desde los ERTE por fuerza mayor a los enmarcados en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, pero el área de Trabajo se está retrasando en satisfacer esta petición porque parte de los datos los tiene la Seguridad Social. Se trata de una información clave para la comisión de seguimiento tripartita que debe evaluar la evolución de los ERTE de cara a plantear la necesidad de una nueva prórroga a partir de septiembre.
La problemática principal que presentan los datos de los ERTE es que los afectados cobran una prestación por desempleo del SEPE, pero no se contabilizan como parados porque siguen apareciendo como afiliados a la Seguridad Social, sobre la que recaen las exenciones en las cotizaciones sociales. Esta peculiaridad estadística provocó que Díaz y Escrivá protagonizaran una polémica rueda de prensa, en una comparecencia conjunta para explicar los pésimos datos de empleo del mes de marzo, en la que la ministra de Trabajo se esforzó en explicar los datos de los ERTE hasta en cinco ocasiones, en respuesta a las preguntas de los periodistas, y acabó elevando la cifra de trabajadores afectados en más de 400.000 personas respecto a los datos que había distribuido el departamento de Escrivá.
Para explicar este 'baile de cifras', desde ambos ministerios aludieron a una mera cuestión "de registro" y, desde entonces, ha sido el departamento de José Luis Escrivá el encargado de aportar todos los meses las cifras de afectados por ERTE, desgranados por sectores económicos, matizando los trabajadores que han ido saliendo de estos procesos para incorporarse progresivamente a la actividad. La ministra de Trabajo, por su parte, se ha limitado a rendir cuentas sobre las prestaciones abonadas por el SEPE, destacando el gran esfuerzo llevado a cabo por la plantilla de funcionarios para desatascar el cuello de botella de expedientes que ha venido provocando importantes retrasos en los pagos desde el mes de marzo.
Lo cierto es que ambos ministerios acuden de manera conjunta a las negociaciones -por ejemplo, los dos están representados en la comisión de seguimiento tripartita para los ERTE- pero lo que transmiten los agentes sociales es que a la hora de abordar temas por separado, como el simple hecho de solicitar información sobre datos concretos, falta coordinación entre Díaz y Escrivá, lo que acaba entorpeciendo los trámites. Fuentes del Ministerio de Inclusión, no obstante, niegan que se estén produciendo problemas de coordinación: "El intercambio de información entre ambos ministerios es constante y se trabaja muy coordinadamente". Mientras, en el Ministerio de Trabajo no constan estas discrepancias.
"A dos velocidades"
Otra de las cuestiones que ponen sobre la mesa desde las organizaciones sindicales y empresariales es la diferencia de tiempos entre ministerios. "Las prisas de Díaz para regular aspectos como el despido por baja médica o, más recientemente, el teletrabajo, contrastan con el análisis pausado que hace Escrivá de las políticas asumidas por su cartera", comentan. Hablan, en definitiva, de ministros "a dos velocidades", algo que quedó patente ya en las primeras semanas de trabajo con el nuevo Gobierno, pero que se ha hecho más evidente con la emergencia sanitaria. Otras fuentes indican que la diferencia de tiempos puede tener su origen en que mientras Díaz sabía con meses de antelación el puesto que iba a ocupar en la coalición -Pablo Iglesias presionó desde las primeras negociaciones para acaparar las políticas activas de empleo- el nombramiento de Escrivá fue de "última hora".
Precisamente, otro de los roces por competencias compartidas se ha producido a cuenta de las políticas activas de empleo. El Ministerio de Trabajo ha remitido a los agentes sociales un borrador de Real Decreto al que ha tenido acceso La Información y que fija los distintos incentivos a la contratación de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una cuestión que dejó pendiente de definir el Ministerio de Inclusión. De hecho, en el área de Escrivá aseguran que todavía están elaborando el reglamento. Añaden desde la Seguridad Social que las políticas activas de empleo, efectivamente, son competencia de Trabajo, si bien fuentes del diálogo social afirman que hay confrontación entre los dos ministerios respecto a este texto en el que interviene, incluso, la vicepresidencia de Asuntos Económicos.
La sensación que trasladan las fuentes del diálogo social consultadas es que las disfunciones que se están generando parten de la base de que "en la historia de la democracia española no hay cultura de gobiernos de cohabitación". En el caso del área laboral, la separación de competencias es compleja, porque no se trata de compartimentos estancos, si bien es cierto que se perciben diferencias generalizadas entre los ministerios pilotados por Unidas Podemos y los que controla el PSOE. Fuentes gubernamentales explican que, efectivamente, las discusiones son habituales en el Consejo de Ministros, en particular, porque el ala más partidaria de las políticas de progreso social suele darse de bruces con la ortodoxia de Nadia Calviño. Las discrepancias, no obstante, no están impidiendo que se alcancen acuerdos en el marco del diálogo social, pero "las negociaciones son una batalla constante", zanjan los interlocutores.
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