El Gobierno ha convocado este miércoles a los representantes de las organizaciones patronales y sindicales para constituir la mesa de negociación sobre la reforma laboral. Después de un año de pandemia en el que el Estatuto de los Trabajadores ha sufrido hasta seis modificaciones -y está a las puertas de una séptima en cuanto se apruebe la denominada ley de riders- el Ejecutivo, en una iniciativa liderada por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, arranca formalmente las conversaciones para lo que ha decidido denominar "la modernización del mercado de trabajo". En el tono de las reformas comprometidas con Bruselas para la captación de los fondos europeos de recuperación, el debate no gira ya en torno a la derogación total o parcial de la legislación que introdujo el PP en 2012, sino que se centra en los aspectos a modificar de la normativa actual para avanzar hacia "un mercado laboral dinámico, resiliente e inclusivo".
El momento no puede ser más convulso. El seísmo político autonómico ha provocado que, en cuestión de un mes, la actual ministra de Trabajo ascenderá a la Vicepresidencia del Gobierno en sustitución de Pablo Iglesias, que abandonará el cargo para presentarse como candidato a las elecciones madrileñas. Pero no ocupará la Vicepresidencia segunda, sino la tercera, que en estos momentos recae en Nadia Calviño. Pedro Sánchez, quien ha tomado la decisión, considera que la titular de la cartera de Trabajo no puede alzarse en el organigrama por encima de la responsable de Asuntos Económicos, que preside a su vez la Comisión Delegada, por lo que Calviño escalará un puesto en el escalafón gubernamental. Esto supone un retoque en el pacto de coalición, que otorgaba la Vicepresidencia segunda del Gobierno a Unidas Podemos. Son horas de intensas negociaciones entre los socios del Ejecutivo.
Entre tanto, este miércoles se constituye la mesa entre el Gobierno, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para abordar los cambios en la legislación laboral. Junto con la de las pensiones, se trata de una de las negociaciones capitales de esta legislatura y, como tal, se presenta complicada. Los sindicatos llegan con una exigencia, retomar las conversaciones exactamente donde se quedaron antes de la irrupción de la pandemia, para abordar la reforma en dos fases: una primera, en la que se revierta el 'core' de la negociación colectiva, para recuperar la prevalencia del convenio sectorial y la ultraactividad, así como limitar la subcontratación, y una posterior en la que se modifique el esquema de contratación y la causalidad de los despidos, para mejorar la estabilidad en el empleo. La patronal, por su parte, quiere que se aborde la reforma de manera integral y que se analice ex ante su impacto para evitar daños colaterales en el tejido productivo y el empleo en un momento crítico, un planteamiento que los sindicatos interpretan como un intento de retrasar los cambios por parte de los empresarios.
El objetivo final de Díaz es alumbrar el 'Estatuto del Trabajo del Siglo XXI', pero el camino hacia ese nuevo marco no empieza de cero. En el último año, el Estatuto de los Trabajadores ha sufrido media docena de modificaciones, una cantidad importante si se tiene en cuenta que, por ejemplo, en el año 2019 el texto solo se modificó dos veces. Los cambios en 2020 abarcan desde la derogación del despido por absentismo hasta la regulación del trabajo a distancia o de los planes de igualdad y transparencia retributiva obligatorios para las empresas. Asimismo, se han introducido retoques que afectan a la obligación de constar por escrito para determinados contratos, así como modificaciones en el funcionamiento y los plazos del Fondo de Garantía Salarial o en el marco regulatorio de los contratos para la formación dual universitaria, por citar algunos ejemplos. "Estas alteraciones del Estatuto se han producido por la puerta de atrás, a golpe de decreto", critican fuentes de la patronal consultadas por La Información.
Aunque algunos de esos cambios fueron pactados, en ámbitos de la CEOE se cuestiona que "muchas de las modificaciones introducidas en el Estatuto de los Trabajadores se han hecho sin acuerdo en el diálogo social". Además de algunas variaciones menores, hay que recordar que, por ejemplo, los empresarios no plasmaron su firma en el pacto relativo a las cuestiones de igualdad en las compañías. Sí lo han hecho en otros casos, como el último acuerdo para la laboralización de los repartidores de plataformas digitales, que introducirá nuevos cambios en la redacción del Estatuto para acoger a estos trabajadores. Con todo, la ministra Díaz ha llegado hasta aquí con ocho acuerdos de diálogo social a sus espaldas y pretende seguir sumando, aunque en numerosas ocasiones ha advertido de que no entra en sus planes renunciar a su obligación de legislar ni otorgar derecho de veto a la CEOE.
La titular de Trabajo sostiene que el Ejecutivo tiene la obligación de ejecutar el plan comprometido con las autoridades europeas, donde aparecen algunas reformas ya implementadas, como la del teletrabajo o las dirigidas a reducir la brecha de género, así como las que se pretenden llevar a cabo en el ámbito de la negociación colectiva o de la subcontratación de actividades empresariales, antes mencionadas, y también figuran otras como la regulación de los riders, que irá al Consejo de Ministros en las próximas semanas. En paralelo, se contempla un modelo permanente de ERTE que refuerce esta herramienta de flexibilidad interna frente a los despidos y la reordenación de las modalidades de contratación laboral para generalizar el contrato indefinido, devolviendo la causalidad al temporal. Todo ello, junto a una revisión de las bonificaciones a la contratación para focalizarlas en los fijos y en la empleabilidad de los parados.
No será, en cualquier caso, una negociación sencilla. Las materias a abordar afectan a varios ministerios, además del de Trabajo, como es el departamento de Seguridad Social, que dirige José Luis Escrivá. De momento, los responsables de este último no participan en la mesa que se inaugura este miércoles, aunque en adelante tendrán que ser consultados sobre las reformas que afectan al área de Seguridad Social. Pero también tendrán algo que decir desde el área económica que pilota Calviño, la hasta ahora vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, que ha apostado por mantener el grueso de la legislación laboral de 2012 y ha condicionado las eventuales reformas a acuerdos en el diálogo social. El choque entre departamentos podría intensificarse además en los próximos meses, en el nuevo organigrama que resulte de la reestructuración que va a forzar la salida de Iglesias del Gobierno y el peso que tendrá Yolanda Díaz.
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