El ejercicio 2020 llegó con un virus nuevo, una crisis económica profunda y un desafío sin precedentes para las organizaciones internacionales, los Estados, las empresas y las instituciones financieras. La UE, a través del Banco Central Europeo (BCE) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) abrió las compuertas para facilitar liquidez a las compañías. También los Estados. En el caso español, las ayudas se han canalizado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la SEPI. La cuestión es cómo. El Observatorio de la Deuda y Ecologistas en Acción han pedido a la Comisión de Reconstrucción que imponga criterios sociales y medioambientales a las compañías beneficiarias. El Real Madrid y empresas como Vueling, Iberia, OHL y NH están bajo la lupa.
La campaña para denunciar la ausencia de transparencia y de criterios sociales y ambientales en el presupuesto público comprometido con grandes empresas comienza esta semana con una carta a los diputados. La misiva recuerda que Más País-Equo propuso en el grupo de trabajo a la Comisión de Reconstrucción una enmienda para que las empresas apoyadas o rescatadas no pudieran tener filiales en paraísos fiscales, tuvieran que cumplir con el acuerdo climático de París, se comprometieran con la protección de la biodiversidad, cerraran la brecha salarial entre hombres y mujeres y no pagaran dividendos durante al menos dos años.
La enmienda fue apoyada inicialmente por el PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, JuntsxCat y BNG . Pero fue retirada por una transaccional pactada entre el PSOE y Ciudadanos. Las organizaciones críticas vuelven a la carga y piden de forma urgente "la incorporación de condiciones socioecológicas en el respaldo financiero del Estado". Entre otras razones por la falta de criterios sociales, ambientales y climáticos, pero también por la ausencia de criterios de finanzas justas (dividendos, paraísos fiscales) y economía justa (reestructuración, despidos, etc).
El informe de campaña no sólo se refiere a España. Relata también cómo el Banco Central Europeo (BCE) ha ayudado desde el principio de la pandemia a compañías como Total, Airbus, Shell, Akzo Nobel, E.On, OMV, Carrefour, Suez, Repsol, Naturgy, Iberdrola, Cepsa y Red Eléctrica de España (REE). Pero el trabajo se centra especialmente en cuatro casos y un club deportivo que, según dicen, han recibido apoyo público en España a pesar de sus carencias en cuestiones medioambientales o de transparencia.
Real Madrid: La compañía no cuestiona al club por las ayudas recibidas para sostener su actividad directamente, de hecho, el club no ha recurrido a expedientes temporales de regulación de empleo como sí han hecho otros clubes. Pero sí lo hace por haber conseguido préstamos de diversas entidades -Caixabank, Santander, BBVA y Bankia-por más de 100 millones con el aval del Instituto de Crédito Oficial. El informe señala que el club "desarrrolla su gestión deportiva de forma especulativa -alude la remodelación del estadio Santiago Bernabeu en marcha- y alejada del deporte como práctica popular". El observatorio apunta también a ACS y a su filial Clece como compañías favorecidas en la pandemia con contratos de mantenimiento y limpieza sin concurso público.
NH Hoteles: El grupo propiedad de Minor International (94,1%) habría recibido en abril el apoyo del ICO en forma de avales por 250 millones de euros a tres años, además de la financiación de los expedientes temporales para más de 3.000 empleados. Según los autores del informe, el aval del ICO "es uno de los importes más elevados conocidos otorgados a una sola compañía". En su opinión "no es admisible destinar fondos públicos a una compañía cuyo accionista mayoritario es una multinacional extranjera". Solicitan su exclusión de cualquier programa de apoyo público -excluidos los ERTEs.
Iberia y Vueling: Las compañías, propiedad de IAG, que repartió 1.308 millones de dividendos en 2019 -700 millones en un reparto extraordinario- han recibido apoyos del Estado, de acuerdo con el documento, por importe de 1.010 millones mediante préstamos y avales del ICO y al margen del coste de los ERTEs para más de 17.000 empleados durante tres meses. Piden que el grupo se comprometa a reducir su impacto en el medio ambiente, una hoja de ruta para la descarbonización en el horizonte 2040 y que acepte un sistema de gravamen a la aviación. Además, solicitan el control exhaustivo de las ayudas aprobadas para evitar la socialización de pérdidas.
Cepsa: La petrolera controlada por el fondo Mubadala y Carlyle cae bajo la lupa por ser "la quinta empresa que más contribuye al cambio climático en España", pese a lo cual, ha recibido apoyo por cuantía indeterminada del Banco Central Europeo (BCE), del Estado español vía ERTEs y acceso a los avales del ICO "por el importe en que Cepsa haya reducido sus ingresos como consecuencia de las medidas de alivio del pago de suministros energéticos aprobadas por el Gobierno". En este caso, se solicita la exclusión de cualquier programa de apoyo financiero público, salvo los ERTE y condiciones para financiar estos últimos.
En general, el punto de mira de la crítica de las organizaciones promotoras de la campaña se centran en los 100.000 millones de euros de avales públicos para respaldar los préstamos que otorgan los bancos al tejido empresarial y a los autónomos. Para respaldar sus recelos, comparan con el presupuesto dedicado a otras medidas como el ingreso mínimo para la ciudadanía, que oscila entre los 5.000 millones de euros al año, en el caso de la propuesta del Gobierno, y 10.000 millones según otras versiones.
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