Inicio del curso económico

El verano ha cambiado significativamente el escenario económico global. Los precios de las materias primas que provocaron el brote de inflación hace un año han caído significativamente desde abril y muchos de ellos ya están por debajo de hace un año. Los costes del transporte marítimo también han caído con fuerza desde la primavera, aunque siguen por encima de niveles previos a la pandemia. En EEUU, la tasa de inflación de julio cayó por primera vez en meses. La causa principal fue la baja de los precios del petróleo y la gasolina.

La causa de esta menor inflación mundial es el frenazo de la actividad que ha provocado la subida de precios y que ha afectado negativamente al consumo y la inversión empresarial de los diferentes países. Pero también por los problemas de China tras el pinchazo de su burbuja inmobiliaria. Ambas causas han provocado un desplome de la producción industrial china cercano al 10% desde febrero, cuando comenzó la guerra en Ucrania. Esto ha relajado las expectativas de inflación y las subidas esperadas de tipos de interés en EEUU y eso relaja la presión sobre el mercado de divisas y el resto de bancos centrales.

La única solución a esta crisis energética es que acabe la guerra y se normalice el suministro de gas desde Rusia.

La excepción, como sucedió en 2010, vuelva a ser Europa. Putin ha reducido drásticamente el suministro de gas a sus clientes europeos y eso ha provocado la peor crisis energética que ha enfrentado Europa nunca en su historia. El precio del gas ha superado los máximos de 300 euros por megavatio de marzo. Eso traducido en precios de la electricidad ha llevado el futuro en Alemania por encima de 700 euros megavatio por hora y en Francia 800 euros. En la década de 2010 a 2020 el precio de la electricidad en ambos países fue de 40 euros. Y para comparar con la crisis del petróleo de los años setenta, esos precios de la electricidad son equivalentes a 1.000 dólares de barril de crudo.

La única solución a esta crisis energética es que acabe la guerra y se normalice el suministro de gas desde Rusia. En ese escenario, con los inventarios llenos, el precio del gas se desplomaría el mismo día del anuncio del alto el fuego. Si la guerra continúa, estos precios de la energía son insostenibles para muchas empresas industriales que tendrían que parar su producción. Para el resto de empresas europeas supondrían una caída significativa de márgenes y frenarían la inversión y la creación de empleo. Y en las familias supondrían una intensa caída de la renta disponible real y del consumo privado.

En Jackson Hole, Wyoming, se han reunido los bancos centrales el pasado fin de semana. El discurso más esperado era el de Jerome Powell de la Reserva Federal que fue nítido y transparente como el agua de las montañas rocosas de la zona. La economía de EEUU mantiene su dinamismo en el mercado de trabajo y la prioridad es cumplir el compromiso del banco central de estabilidad de precios con una inflación del 2%. Eso puede provocar algo de dolor en familias y empresas, pero no actuar provocaría mucho más dolor en el futuro. Traducido, subida de otros 75 puntos básicos en su próxima reunión y tipos de llegada en 2023 entre el 3,5% y el 4%. La consejera alemana del BCE dio un discurso similar. Traducido, otra subida de 50 puntos básicos en septiembre y nivel de llegar en 2023 mínimo del 2%.

La subida tan intensa de los precios energéticos ya tiene un efecto contractivo sobre la actividad y el empleo y a eso hay que añadir los efectos de las subidas de tipos y la restricción de crédito que provocan. Por eso se teme una recesión mundial este invierno. Europa, como sucedió en 2008 y en 2010, vuelva a arrastrar los pies. Es increíble que siendo los más perjudicados apoye el escenario de una guerra larga de EEUU en Ucrania. La diplomacia europea debería estar apoyando decididamente la iniciativa del Presidente de Turquía para conseguir un alto el fuego.

Es sorprendente que la Comisión y el Consejo Europeo mantengan los derechos de dióxido de carbono próximos a 100 euros megavatio hora. Ese sistema se diseñó para desincentivar el consumo de combustibles fósiles cuando los precios del megavatio de electricidad estaban por debajo de 50 euros. Con el precio de mercado por encima de 1.000 euros, el sistema supone provocar un dolor innecesario en las familias y empresas europeas. Y es absurdo que mantengan el sistema marginalista sin cambios transitorios para evitar que la crisis del gas se traslade íntegramente al mercado eléctrico. Parece que los líderes europeos trabajan para que la estrategia de Putin sea exitosa.

El tope del gas que la Comisión diseñó para España y Portugal no es la panacea, pero podría servir transitoriamente hasta que termine la guerra y se normalice el suministro de gas. Mantiene la fijación de precios de mercado, pero al topar el precio del gas permite moderar el impacto sobre el precio de la electricidad. Aun así, el tope del gas se repercute al consumidor, que ya empieza a sentir su efecto en sus facturas mensuales. El coste con el gas en julio a 80 euros megavatio hora ya fueron significativos. Ahora, con el gas por encima de 200 euros, el coste del gas superará en la mayoría de los casos el coste del consumo de electricidad. Para muchas empresas supondrá un coste brutal y para muchas familias, sobre todo las de menor renta, un empobrecimiento adicional. Si la Comisión Europea elimina transitoriamente los derechos de dióxido de carbono, se podría subir el tope y hacer el sistema menos entrópico.

En este escenario, la prioridad es no cometer errores que agraven más la situación. El Gobierno negó la necesidad de ahorro energético en julio, cuando la ministra Ribera afirmó que España no había vivido por encima de sus posibilidades. Ahora ha pasado a liderar la necesidad de ahorrar. El decreto aprobado tiene medidas urgentes y poco meditadas y sería necesario tomarse en serio el ahorro energético con visión de largo plazo. El estado es el que más metros cuadrados de oficinas tiene en España. Debería usar los fondos europeos para rehabilitar sus edificios, empezando por las cubiertas con placas fotovoltaicas, las fachadas y las ventanas. Y cerrar y alquilar o vender todo el patrimonio público infrautilizado. Antes de pedir a los ciudadanos que lo hagamos, deberían empezar ellos dando ejemplo.

Infinitamente, mejor que apagar las luces sería agilizar la burocracia para aprobar la instalación de renovables, tanto de grandes plantas como de pequeñas instalaciones de autoconsumo. Hay plantas con la inversión aprobada desde hace cinco años que aún no han recibido los permisos. La instalación de placas fotovoltaicas permite abaratar el coste de la electricidad a 40 euros megavatio y a estos precios de mercado ya no necesita subvención. Pero la sustitución de calderas de gas por aerotermia supondría un ahorro energético durante décadas y es muy caro aún para las familias.

El Gobierno debería agilizar la licitación de fondos europeos para estas ayudas. Pero la burocracia afecta a ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones y ministerio de Transición de Ecológica y a todos los partidos. Que nuestros políticos dejen de estar preocupados por el problema y que se ocupen para resolverlo.