Todas las empresas tienen la obligación, por ley, de registrar la jornada laboral de los trabajadores. Si bien algunas optan por un sistema de fichaje, otras cuentan con temporizadores del tiempo efectivo trabajado.
El Ministerio de Industria y Comercio ha anunciado ayudas de hasta 150.000 euros a las pymes que reduzcan la jornada laboral a cuatro días, lo que no repercutiría en una pérdida de poder adquisitivo.
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Tal y como apuntan desde la Seguridad Social, el tiempo de presencia se debe retribuir de igual manera que las horas de trabajo efectivo y no pueden superar un total de 20 horas a la semana.
Un puñado de empresas ha derribado la frontera laboral de 5 días. Son pequeñas compañías en las que el cambio no da vértigo; mientras, las grandes corporaciones dan pasos con pies de plomo y reducen salarios.
El nuevo escenario de trabajo en remoto genera ciertas dudas sobre cómo adecuar la legislación vigente a una realidad en permanente transformación.
No solo las personas en situación de desempleo "absoluto" quienes pueden tener derecho a las prestaciones de desempleo, sino también quienes ven cómo se reducen las horas que trabajan.
Muchos convenios colectivos establecen que se podrán realizar este tipo de horario en fechas veraniegas. Por lo general, suelen establecerse entre junio y septiembre, aunque cada compañía selecciona el periodo.
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La legislación actual prevé que se pueda vigilar que el empleado cumpla con sus obligaciones incluso en remoto, aunque con ciertas limitaciones.
Enric Nomdedeu, secretario autonómico de Empleo de la Generalitat Valenciana, explica a 'La Información' las claves del plan autonómico aprobado a finales de 2020.
La ley que entró en vigor el año pasado contempla sanciones para las empresas, pero ¿qué ocurre cuando es el trabajador quien incumple la norma?
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