Los sindicatos fijan una línea roja inamovible en la negociación del nuevo pacto salarial con la patronal: no firmarán ningún acuerdo que no incorpore cláusulas de revisión para evitar pérdidas de poder adquisitivo.
Cristina Alonso
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Las organizaciones territoriales y sectoriales que se abstuvieron en la votación del decreto pactado con los sindicatos y el Gobierno ultiman informes que demuestran el impacto negativo de la nueva regulación.
Se preparan para alargar expedientes de fuerza mayor hasta el verano por el impacto que todavía sufren de las restricciones pandémicas y ante las posibles consecuencias económicas del conflicto bélico en Ucrania.
La patronal maniobra para acelerar el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva y atraer a CCOO y UGT a un consenso que permita mitigar los efectos más perniciosos para las empresas de la nueva ley.
En el Gobierno ya trabajan en la revisión del cuadro macroeconómico que acompañará al Programa de Estabilidad 2022-2025 que se remitirá a la Comisión Europea y se hará público el próximo mes de abril.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo deja en el aire la fecha de un cónclave intergubernamental de cooperación económica e industrial que debía celebrarse en la capital rusa en 2022.
El líder empresarial expone ante el Comité Ejecutivo de la patronal que da por amortizado a Pablo Casado y apuesta por la reconstrucción del Partido Popular para que haga una oposición fuerte al Gobierno.
La vicepresidenta pide a las organizaciones empresariales y sindicales que alcancen un "pacto de país" en el marco del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).
El Gobierno accede a la demanda patronal y sindical y habilita cuatro semanas "de transición", hasta el 31 de marzo, pero rebaja las exoneraciones de cotizaciones sociales hasta en 20 puntos.
La vicepresidenta da carpetazo a las medidas de emergencia habilitadas para combatir la pandemia y se centra en el despliegue de la reforma laboral y de otras leyes punteras para recuperar derechos sociales.
El futuro del trabajo en la realidad virtual plantea un gran desafío para la vicepresidenta Yolanda Díaz, que espera a disponer de precedentes en otros países para lanzarse a establecer una legislación específica.
Los ministerios de Trabajo y Seguridad Social se abren a estudiar la petición conjunta de patronal y sindicatos de no precipitar la transición de los expedientes y prorrogar unas semanas el modelo pandémico.
El expresidente de Ciudadanos alecciona sobre liderazgo a directivos y desvela su futuro profesional en el sector privado. Se muestra optimista sobre el desenlace judicial de la guerra con Martínez-Echevarría.
La vicepresidenta convoca a la patronal y los sindicatos a una "reunión informativa" sobre la transición al nuevo mecanismo RED. El Gobierno todavía no ha diseñado el fondo para costear esta herramienta.
El ministro José Luis Escrivá presenta una nueva propuesta en la que reduce las cuotas a los que más ganan y las eleva en los tramos inferiores y Echenique advierte de que es inaceptable y no la apoyarán.
Las formaciones que sustentan el Gobierno de coalición urgen a la vicepresidenta a que defina ya su "frente amplio" de cara a abonar futuros terrenos electorales tras el resultado en Castilla y León.
Los requisitos impuestos por el Ministerio de Inclusión y la propia estructura de la organización complican el acceso al registro de mediadores del Ingreso Mínimo Vital, donde por ahora solo figura Cruz Roja.
Las diferencias entre los sistemas del Instituto Nacional de la Seguridad Social y el de la comunidad autónoma en el registro de los datos de los beneficiarios complican la puesta en marcha de la cesión de la prestación.
La Comisión Europea no valorará el contenido del real decreto ley aprobado en el Congreso hasta que el Gobierno solicite el segundo pago, de 12.000 millones, una decisión que Calviño está atrasando.
La memoria del análisis de impacto normativo que acaba de salir a audiencia pública revela que el texto estaba ya redactado el 7 de febrero, el mismo día que la vicepresidenta convocó a los agentes sociales.
La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos desata la guerra en el Gobierno por la reforma fiscal y por las medidas que incorpora su Ley de Familias, que afectan a Trabajo y Seguridad Social.
En el borrador que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha trasladado a los agentes sociales se deja para ordenamientos posteriores los requisitos de las gestoras y las comisiones del mismo.
La vicepresidenta del Gobierno firma con CCOO y UGT un incremento del salario mínimo hasta 1.000 euros en 2022, cuatro euros por encima de lo que fijaba la senda del comité de expertos en su rango medio.
Trabajo encargó hace meses un estudio sobre el efecto de los aumentos del salario mínimo en la desigualdad. La autora lo había entregado ya en enero, pero el Ministerio no lo ha hecho público.
El Comité Ejecutivo de la patronal coincide por unanimidad en que no es el momento de aprobar una nueva subida de los costes salariales y planta a la vicepresidenta, que contará solo con el apoyo de CCOO y UGT.
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