El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acoge este jueves su último Pleno en medio de una fuerte división interna. Las negociaciones políticas para renovar a los 20 vocales que lo integran han terminado por pasar factura en el órgano de gobierno que preside Carlos Lesmes a tenor de los nombramientos de puestos clave en el Tribunal Supremo que se van a estudiar en la sesión de este jueves. Mientras la mayoría de vocales se inclinaron por dejar en 'stand by' el asunto teniendo en cuenta que el pacto está a la vuelta de la esquina, otros forzaron a incluirlo en el orden del día advirtiendo de que la decisión no la podía tomar el presidente del órgano de manera unilateral. No obstante, es muy complicado que salgan adelante.
El telón de fondo de estas discrepancias reside en el pacto entre PP y PSOE para su renovación y cuyo anuncio es inminente. Fuentes del órgano de gobierno de jueces consultadas por La Información confían en que esta vez sí sea la definitiva y se mantienen a la espera de que Gobierno y Partido Popular anuncien la fumata blanca para renovar un órgano que lleva en funciones desde diciembre de 2018. El acuerdo, que según fuentes negociadoras está prácticamente sellado, afecta también al Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el consejo de administración de RTVE. Este último punto es el que más urge teniendo en cuenta que hoy se votan en el Congreso los seis candidatos elegidos por esta cámara para relevar a Rosa María Mateo.
Con todo, las miradas están puestas en el nuevo Consejo General del Poder Judicial y en cómo quede el reparto final teniendo en cuenta que se han necesitado más de dos años para sellar el pacto. Aunque una de las premisas de la formación que lidera Pablo Casado ha sido excluir de este asunto a Podemos, la formación de Pablo Iglesias podría acabar sumando al menos dos vocales en este nuevo órgano. A falta de conocer la composición definitiva, las fuentes consultadas por este medio explican que en lo que a nombres respecta la lista apenas ha variado desde el pasado verano. Entonces el acuerdo parecía una realidad e incluso el CGPJ paralizó por segunda vez en el año su agenda de nombramientos, pero las discrepancias entre Partido Popular y Podemos lo hizo saltar por los aires.
Una mujer, presidenta
Así, desde las filas conservadoras suenan con fuerza los nombres de Gemma Espinosa (exdirectora de la Escuela Judicial Española y mujer de Pablo Llarena); Alejandro Abascal (magistrado de refuerzo del caso Villarejo en la Audiencia Nacional); Gabriel de Diego (decano de los procuradores de Madrid); José Antonio Montero e Inés Huerta (ambos magistrados de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo). Por su parte, el PSOE propone a Inmaculada Montalbán (expresidenta del del Observatorio contra la Violencia de Género y magistrada del TSJ de Andalucía) y Esther Erice (presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra).
Aunque la figura de presidente se elige entre los vocales que integran el nuevo Consejo las quinielas también recogen nombres y, por primera vez en la historia del órgano, son todos de mujer. La que cobra más fuerza es la magistrada del Tribunal Supremo Pilar Teso. Se trata de una propuesta del PSOE que tuvo buena acogida por la formación que lidera Pablo Casado, de acuerdo con las fuentes consultadas que matizan que también figura en las quinielas la histórica Ana Ferrer, magistrada del tribunal que enjuició los hechos del procés. A falta de conocer la lista final, lo que está claro es que los equipos negociadores de ambas partes tienen el acuerdo plenamente perfilado desde hace muchos meses y el retraso en el anuncio de esta ansiada renovación ha sido más una cuestión de forma que de fondo.
En manos de Bolaños y Egea
De hecho, la negociación entre el Gobierno y el PP para cerrar este primer 'pacto de Estado' de la legislatura y renovar varios órganos constitucionales se aceleró tras las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero. Pedro Sánchez descolgó el teléfono y contactó con Pablo Casado para avanzar en el desbloqueo. Desde entonces los contactos entre ambas partes no han cesado. En las últimas horas la interlocución se ha intensificado con el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, como protagonistas. Bolaños y Egea se vieron el martes y a lo largo del miércoles han estado en contacto telefónico. Ambos son dos de las personas de máxima confianza tanto de Sánchez como de Casado y, si el acuerdo fructifica, serán dos de sus 'fogoneros'.
También están implicados el jefe de gabinete del presidente, Iván Redondo, y el del líder del PP, Pablo Hispán. La negociación en el terreno judicial la han mantenido abierta en todo momento el ministro Juan Carlos Campo y el responsable del área en la dirección nacional popular, Enrique López. En ningún momento en los últimos meses se ha interrumpido su discreta vía de comunicación, tal y como avanzó este medio. De hecho, se produjo un punto de inflexión cuando Europa advirtió acerca de las repercusiones que tendría modificar el sistema de elección de vocales, tal y como propuso el Gobierno a través de la iniciativa registrada por los grupos parlamentarios. Esta vía, que acabó desactivando Sánchez, provocó estupor en la carrera judicial y en el grupo GRECO de Europa, que recordó que desde hace muchos años se está instando a España a que cambie este sistema de elección pero en sentido contrario, para dar más voz a los jueces y garantizar su independencia.
Con todo, el CGPJ también ha asistido perplejo a todas estas propuestas legislativas para modificar su sistema de funcionamiento; la última, la relativa a limitar su actuación estando en funciones. La cuerda se tensó cuando el órgano de gobierno de los jueces pidió a la Mesa que escuchara su criterio, aunque no fuera vinculante, advirtiendo de que no se estaba respetando la separación de poderes. Con este caldo de cultivo los vocales vuelven a reunirse por enésima vez en el Pleno ordinario de este jueves. La situación política ha pasado factura a los representantes de los jueces y ha provocado una fuerte escisión entre todos ellos, al margen de su inclinación progresista o conservadora. A falta de conocer si aprobarán o no los nombramientos propuestos (entre ellos tres magistrados del Tribunal Supremo), lo que está claro es que terminarán su trabajo en el CGPJ con el estudio de la Ley Montero. También sacarán adelante la designación de cinco jueces de la Jurisdicción Militar por ser plazas de un solo candidato.
