La Ley de Vivienda que el Gobierno prevé aprobar en un plazo máximo de cuatro meses permitirá a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos limitar los precios del alquiler en zonas tensionadas. Para detectar estas áreas, deberán establecer sus propios indicadores en base al Sistema de Índices de Referencia desarrollado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El problema es que ese indicador oficial ahora mismo se basa en datos de 2018 y cuando se actualice a finales de este año se hará con la información disponible a cierre de 2019, de modo que los precios quedarán absolutamente desfasados, ya que en ningún caso incorporarán el impacto de la crisis económica provocada por la pandemia.
Los socios del Gobierno de coalición han reeditado su compromiso de regular los precios del alquiler y, por iniciativa de Unidas Podemos, lo han acelerado para que se plasme en la futura Ley de Vivienda que abordará el Consejo de Ministros en tres meses y llegará al Congreso de los Diputados en un plazo máximo de cuatro meses. Esta ha sido una de las cesiones del PSOE para cerrar el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado, condición 'sine qua non' para la formación morada, que no ha sentado bien entre los principales actores del sector inmobiliario y comunidades autónomas, como Madrid, y por el contrario ha sido bien recibida por sindicatos de inquilinos, asociaciones de consumidores y ciudades como Barcelona, donde ya se aplica una regulación pionera en España para limitar el coste de los alquileres.
En palabras del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, la nueva ley de vivienda estatal tendrá "el mayor grado de intervención pública en el mercado del alquiler en Europa". El acuerdo firmado entre el PSOE y Unidas Podemos recoge que en las zonas de "mercado tensionado" se podrán establecer "mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes". Estas áreas se determinarán en función de los sistemas de índices de referencia que deberán establecer las comunidades autónomas y los ayuntamientos, "de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica", a partir del Sistema de Índices de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda desarrollado por el Ministerio de José Luis Ábalos.
El problema es que ese sistema estatal bebe de fuentes tributarias y actualmente ofrece información del año 2018. El Ministerio tiene previsto, antes de que acabe el año o a principios de 2021, hacer un nuevo volcado de los últimos datos de Hacienda, pero serán los correspondientes a 2019, de modo que en ningún caso el indicador que pretende servir de referencia para comunidades autónomas y ayuntamientos recogerá el impacto de la crisis económica sobre los precios. Precisamente por esto, cuando se presentó este indicador a principios de verano, desde el departamento de Ábalos descartaron una intervención inmediata del mercado, a la espera de poder analizar los efectos de la pandemia. Ahora, las negociaciones presupuestarias entre los socios de coalición lo han precipitado todo.
Esta es una de las principales lagunas de esta iniciativa para Beatriz Toribio, directora general de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL), que más allá de la obsolescencia de los datos que puedan servir como referencia para contener los precios, augura que la nueva regulación conseguirá el efecto opuesto al deseado por el Gobierno: "Reducirá la oferta de vivienda en alquiler y dificultará el acceso a la vivienda para los colectivos sociales con menos recursos, más si cabe en el actual contexto de crisis económica", advierte. A su juicio, carece de sentido regular los precios en un momento en el que "ya se están observando caídas en el mercado".
Coinciden con este análisis los portales inmobiliarios (Idealista, Pisos.com o Fotocasa), que advierten de que la regulación de los precios llegará en un momento de tendencia a la baja y hacen hincapié en que el principal problema es la falta de oferta frente a la alta demanda, especialmente en ciudades como Madrid y Barcelona. También se suma al rechazo la Agencia Negociadora del Alquiler, desde donde cuestionan "una medida puramente ideológica, contraria al libre mercado de alquiler, donde los pequeños propietarios particulares, que son más del 90% del sector, se van a ver perjudicados y muchos de ellos preferirán cerrar sus viviendas al alquiler".
En Alquiler Seguro creen que la intervención de los precios traerá "daños irreparables" para el mercado, con una "fuerte retracción de la oferta que provocará la subida de los precios y un grave aumento de la economía sumergida". Y en la misma línea, la aseguradora Arrenta calcula que la limitación de precios provocará una reducción del parque de viviendas de hasta el 10% y señala que la ley catalana de contención de rentas ha marcado un precedente negativo. En este sentido, Toribio asegura que el número de contratos de alquiler ya estaba cayendo en Cataluña como consecuencia de la crisis generada por la Covid, antes de la aprobación de esta norma, "por lo que esta nueva regulación frenará aún más el mercado del alquiler". Asimismo, añade, "la regulación catalana está generando un mercado negro de contratos que han salido ya del registro de la Generalitat".
Hay que recordar que el pasado 22 de septiembre entró en vigor en Cataluña la ley para regular el precio de los alquileres de viviendas, con lo que la comunidad se convirtió así en la primera de España en disponer de una norma para limitar el coste de los hogares arrendados. La normativa regula el precio en 60 municipios de la región y, aunque todavía es pronto para medir su impacto, los profesionales del sector apuntan a un parón del mercado. Este martes, tras darse a conocer el acuerdo del Gobierno para ampliar esta regulación a nivel estatal, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, celebró un "compromiso histórico" en materia de vivienda. Mientras, el consejero de vivienda de la Comunidad de Madrid, David Pérez, rechazaba la iniciativa por desincentivar la oferta y fomentar el fraude, al tiempo que empeora la conservación del parque residencial e incrementa los precios.
La medida, que forma parte del acuerdo de Gobierno y que ahora ratifican el PSOE y Unidas Podemos para su puesta en marcha en un plazo máximo de cuatro meses, cuenta con el respaldo del resto de partidos que sustentan al ejecutivo: En Comú Podem, ERC, Bildu, CUP, Más País, BNG y Compromís, y de organizaciones como Cáritas, Cruz Roja, ONCE, Facua y los sindicatos de inquilinos. Todas estas formaciones denuncian que los alquileres han subido 30 veces más que los sueldos en España, con lo que muchas familias deben dedicar más de la mitad de su salario al pago de la renta, lo que provoca que siete de cada diez desahucios se produzcan por impago.
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