El PP corta todas las vías de comunicación con Ciudadanos tras la "ofensiva" de la dirección naranja. "¿Quién les ha engañado?", se preguntan en Génova. El apoyo a Ayuso tras el 4-M queda en el aire con Bal.
El veterano político seguirá vinculado a Ciudadanos al menos durante la campaña regional del portavoz adjunto naranja en el Congreso de los Diputados.
Espinosa de los Monteros ha reconocido que hay "muchas diferencias" entre Vox y Díaz Ayuso, como en materias de orden público, la tolerancia cero con la inmigración ilegal, el apoyo a las familias y el empleo.
La presidenta regional ha augurado también que habrá un “intento de privatización de los servicios públicos”, porque “el comunismo sabe hacerlo bien”.
La responsable de Acción Sectorial será la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, y el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, el de los argumentarios del Gobierno.
"Lo que más le puede doler a estos comunistas es el voto a VOX" ha escrito la política del partido de Abascal en Twitter, igual que la dirigente de Vox Jorge Buxadé.
Edmundo Bal denuncia que Génova recurre a "comportamientos mafiosos" una vez más tras la caja B o la Gürtel para dinamitar a la formación naranja y recuerda que en Ciudadanos "sí tenemos convicciones".
El ministro y número dos del PSOE eleva el tono para acusar a los dirigentes del PP de "guardería" por su edad y denuncia que se ha producido la "compra de políticos" como si se tratara de "venta de esclavos".
Detrás de la disolución de la Asamblea, del Zendal, de las portadas y las entrevistas a la presidenta está el que fuera hombre fuerte de Aznar en Moncloa. Le costó convencerle para que se instalara en Sol.
El presidente popular conoció el martes que Ábalos y Arrimadas negociaban para derribar al gobierno de López Miras. Instó a la presidenta madrileña a adelantar elecciones ante una maniobra similar contra Sol.
Europa exige al Gobierno pactos amplios y duraderos para poder aprobar el Plan de Inversiones que da acceso a los 140.000 millones de ayudas. La reforma de la financiación autonómica también se complica.
Génova asegura que el movimiento de Ciudadanos para unirse a los socialistas traerá "gran inestabilidad" a la autonomía murciana en medio de la pandemia.
La cúpula del partido continúa buscando nueva sede para, a continuación, decidir qué hacer con la actual. Decenas de inmobiliarias y fondos de inversión ya se han interesado en comprar o alquilar el inmueble.
Recrimina que estas diligencias de calado las mantenga en la más estricta reserva mientras la causa apunta ya a exaltos cargos del Partido Popular.
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, lamenta que hace un año el presidente del Ejecutivo "se estuviera preparando para el 8M cuando el resto del mundo se preparaba contra el coronavirus".
Este mensaje se ha trasladado a la sede de los populares después de que se rompieran las negociaciones hace unos días a raíz de la insistencia de Sánchez de incluir al magistrado en el órgano judicial.
El PSOE y Unidas Podemos retiraron en las últimas conversaciones la candidatura de Victoria Rosell pero Casado sigue negándose a que el juez que redactó la sentencia de Gürtel forme parte del reparto final.
El expresidente del Gobierno ha dicho que no conocía "semejantes cosas" y que de saberlo, "lo hubiese evitado". "Cualquier acto de corrupción es inaceptable".
El número dos de Génova lamenta que haya quien alienta disturbios en las calles (en referencia a Iglesias), pero que "es peor el silencio cómplice" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez por permitirlo.
En la intensa negociación participaron hasta catorce personas. Bolaños y Egea acabaron mal su última conversación. El 'no' del PP a aceptar a dos jueces de Podemos frustró un pacto que estuvo casi cerrado.
Rechaza estar presente en la entrega de sobres a Aguirre, niega que recibiera dinero del constructor y apunta a un relato orquestado sin pruebas.
El magistrado José Ricardo de Prada, propuesto por Podemos, fue uno de los magistrados que redactaron la sentencia que precipitó la moción de censura de 2018. El PSOE defiende que el Supremo avaló el fallo.
El PP defiende que ningún político sea vocal del CGPJ y dice que las "peleas internas" entre PSOE y UP han hecho "descarrilar" el acuerdo.
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