Reactiva los encuentros con las asociaciones para conocer sus propuestas sobre cómo desbloquear el órgano del Poder Judicial. Dos de las agrupaciones acaban de presentar un nuevo sistema de elección.
Nuria Morcillo
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Un juzgado de Luxemburgo bloquea dos empresas de la compañía petrolera malaya en ejecución del laudo arbitral que reconoce el pago de 14.920 millones de dólares a los descendientes del antiguo mandatario.
La Abogacía del Estado recurre la sentencia de la Audiencia Nacional que dio la razón a la filial Qatar Holding Luxembourg para no tributar los dividendos y las primas de asistencia a la junta de accionistas.
La investigación judicial contra el empresario Philippe Haim Solomon, quien vendió 500.000 cubrebocas al Ayuntamiento de Madrid, se reabrió en junio tras tener noticias de tiene su residencia en Reino Unido.
El órgano de gobierno de los jueces se reúne de urgencia este lunes para intentar frenar la tramitación de la nueva modificación legal que ha impulsado el Gobierno para poder renovar el Tribunal Constitucional.
El expresidente de BBVA también pide prorrogar la investigación por la contratación del comisario José Manuel Villarejo al considerar que quedan pendientes diligencias solicitadas por otros investigados.
El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama acuerda esta medida cautelar contra Santiago Fuentes, dueño de Arbistar, para garantizar las posibles indemnizaciones a los más de 3.000 perjudicados.
El magistrado Ismael Moreno considera que todavía quedan diligencias por practicar para aclarar si la compañía ocultó su realidad contable entre 2014 y 2016, perjudicando a socios, accionistas e inversores.
La compañía insiste en que no contrató al comisario jubilado en 2011 y que éste presentaba sus servicios a través de una plantilla repetida. Añade que muchos de los datos que entregaba eran "meras invenciones".
El fiscal puntualiza que el Banco Santander, que adquirió la entidad extinta por un euro, tiene todavía que remitir documentación de “indudable valor” para la causa. También quedan periciales del Banco de España.
El magistrado José Luis Calama acepta que el ministro testifique por escrito y retrasa el traslado de las preguntas hasta que la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Abogacía del Estado remita las suyas.
Recuerda que muchos de los datos ya fueron analizados por la Policía y advierte que algunos pueden afectar a "secretos" de la empresa y otros contienen información personal de empleados de la entidad.
Un juzgado de Barcelona será el encargado de poner en conocimiento del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz la investigación abierta por la caída del banco BPA. Tienen 15 días para personarse.
El magistrado José Luis Calama rechaza la petición de archivo del exdirector de los servicios jurídicos del banco debido a que la investigación aún no ha terminado y quedan diligencias pendientes por practicar.
Los fiscales impugnan ante la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional la decisión del juez Manuel García Castellón de acordar el sobreseimiento de la pieza Iberdrola con respecto al presidente de la eléctrica.
Victoria Cinto, magistrada de la Audiencia de Guipúzcoa, muere a los 63 años. El órgano de gobierno de los jueces aplaza el debate sobre la capacidad para informar sobre la reforma legal para la renovación del TC.
El órgano de gobierno de los jueces debate la propuesta de los vocales del bloque conservador de reclamar otra vez al Congreso que les escuche antes de tramitar la reforma 'exprés' que ya limitó sus funciones.
El magistrado, tras recabar el criterio favorable de la Fiscalía para la excarcelación, retira a Javier Biosca el pasaporte, le prohíbe salir del territorio nacional sin autorización y le obliga a comparecer cada 15 días.
La entidad financiera, imputada como persona jurídica desde 2019, considera que la investigación está ya "agotada", por lo que pide al juez de la Audiencia Nacional que no vuelva a prorrogar la causa.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda afirma que los hechos podrían revestir carácter "de un presunto delito de administración desleal y corrupción en los negocios".
Ante la "trascendencia y gravedad de los hechos acaecidos, que pudieran afectar a los Derechos Humanos y los derechos fundamentales de las personas, así como en la singularidad de la investigación".
La Audiencia Nacional declaró la firmeza del procesamiento después de que la compañía haya desistido de su derecho a presentar un recurso. La Fiscalía presenta su escrito de acusación y pide una multa millonaria.
Asegura que la compañía eléctrica "ideó y puso en funcionamiento" un sistema para incrementar el precio de la energía y "perjudicar a los consumidores". Solicita dos años de cárcel para cuatro directivos.
Los fiscales estudian solicitar al juez de la Audiencia Nacional una nueva batería de diligencias para rematar la investigación abierta sobre los encargos realizados al comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Se muestran a favor de que el Banco Santander sea excluido como responsable civil, pero creen que la exoneración se tiene que extender a ellos, ya que la ampliación de capital no fue en beneficio propio.
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