El juez instructor Manuel García Castellón se ha visto obligado a exonerar al presidente de Iberdrola después de que la Sala de lo Penal señalara que los delitos imputados a la cúpula directiva están prescritos.
Nuria Morcillo
250 artículos de Nuria Morcillo
El fiscal jefe no ve delito en las presuntas irregularidades en un contrato de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia. Da carpetazo a las denuncias de Más Madrid, PSOE y Podemos.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón considera que los delitos por los que se le investigaba por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo están prescritos.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama quiere asegurar el buen fin de la causa y su tramitación en términos de agilidad y utilidad.
El TC sentenció en 2020 que esta medida afectaba al "deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos". En 2016 avaló otro decreto para corregir el déficit tarifario eléctrico por la crisis económica.
Alejandro Roemmers intenta desmontar la estrategia del productor de televisión y asegura que éste no invirtió los más de tres millones de euros que le prestó para liquidar sus deudas con Hacienda.
La fiscal europea Concepción Sabadell elige al fiscal delegado Pablo Ruz como su sustituto para aquellos casos en los que la representante de España no pueda ejercer las competencias de su cargo.
La Fiscalía Anticorrupción subraya que el comisario jubilado elaboró informes sobre posibles "actuaciones irregulares" del expresidente de Sacyr que pudieran tener una "rentabilidad en el ámbito judicial".
La renovación del responsable de este departamento será uno de los primeros nombramientos que estudie el nuevo Consejo Fiscal, órgano asesor de la fiscal general, cuyo primer encuentro será el día 29.
La juez María Tardón estudia la situación procesal de la multinacional y de tres directivos después de que los sindicatos anunciaran la retirada de la acusación por estafa, insolvencia punible y apropiación indebida.
Anticorrupción vuelve a recurrir el archivo de la causa sobre la contratación del comisario jubilado para Repsol, CaixaBank y sus presidentes y reprocha al instructor que asuma los argumentos de las compañías.
Afirma que es "inútil" e "irrelevante" aclarar cómo los comisionistas "accedieron a los responsables en el Ayuntamiento de Madrid" para ofrecer sus servicios en la compraventa de mascarillas en plena pandemia.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal solicita más magistrados y funcionarios para afrontar el elevado número de asuntos e insiste en que Justicia ponga a disposición una sala para celebrar macrojuicios.
El exjefe de Seguridad del banco declaró ante el juez que se adquirió la aplicación telefónica para prevenir "intervenciones ilegales" en los terminales de los miembros de comités de dirección de distintos países.
El banco explica en un escrito cómo funciona su propia contabilidad interna y cómo se gestionan los pagos a proveedores. Asegura que la forma de abonar los servicios del comisario jubilado fue "correcta".
El Tribunal Supremo acepta revisar su jurisprudencia para aclarar si el banco que preside Ana Botín debe responsabilizarse también de las sanciones al banco extinto por el incumplimiento interno de las normas.
El tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga por su colaboración en la trama del comisario José Manuel Villarejo ya le suspendió en mayo la vista oral tras conocer la gravedad de su estado de salud.
La LECrim prevé esta posibilidad para miembros del Gobierno, entre otros. También permite que el juez les interrogue en su despacho, si no han tenido conocimiento de los hechos por razón de su actual cargo.
El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama levanta el secreto sobre el caso y se desplazará hasta Israel para interrogar como testigo al dueño de la empresa que desarrolló el programa espía.
El órgano de gobierno de los jueces valora positivamente este buzón ante la "preocupación" por la corrupción y considera que las formaciones políticas o sindicatos deben tener una "actitud ejemplar".
El juez acuerda volver a estudiar los hechos tras recibir nuevos datos sobre el paradero del dueño de Sinclair and Wilde. El Consistorio pagó 1,25 millones por la adquisición de 500.000 mascarillas en 2020.
La ministra de Justicia sostiene que la previsión legal de las personas jurídicas está teniendo “disfunciones en la práctica”. No descarta estudiar la necesidad de hacer ajustes en el artículo 31 bis del Código Penal.
Admite que los "tiempos políticos" afectan a las "decisiones políticas" como la renovación del órgano de gobierno de los jueces y recalca que "siempre que el PP ha estado en la oposición lo ha bloqueado".
La ministra de Justicia aboga por la "limpieza institucional" y la "regeneración democrática" para luchar contra este fenómeno. Destaca la implementación de nuevas medidas como la denuncia anónima.
La coordinadora general de la Alcaldía asegura que no informó a Martínez-Almeida de que su primo le pidió un correo electrónico para que los comisionistas pudieran ponerse en contacto con el Ayuntamiento.
Página 7 de 10