La profunda reforma de las pensiones que baraja el Gobierno, que incorporará muchas de las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo, y que está dirigida y condicionada en parte por Bruselas, obligará a poner sobre la mesa diferentes mecanismos -algunos 'dolorosos'- y drásticos cambios que garanticen el sistema a largo plazo, con un importante recorte de gastos y un incremento constante de ingresos.
A medida que surgen propuestas -y algún que otro globo sonda-, el mensaje oficial va en la línea de garantizar las cuantías -incluso incrementarlas- e impulsar un modelo más justo. Es un mensaje supeditado en parte por la presión de Unidas Podemos, socio en el Ejecutivo, y los sindicatos, pero que no es compatible con una situación de quiebra técnica y con los objetivos de reducir el gasto en 30.000 millones de euros anuales -un 3% del PIB y el equivalente a tres mes del pago de pensiones-. No es posible recortar gastos, sin aplicar duras medidas, al tiempo que se proponen más desembolsos.
Tras el freno de la decisión de incrementar los años de cálculo para obtener la prestación -un asunto que no está descartado pero sí apartado de momento-, la búsqueda de diferentes fórmulas para subir anualmente las pensiones y el planteamiento de acudir a nuevas fuentes de financiación -impuestos- para pagar las pensiones, aparecen nuevos debates. El penúltimo: el futuro de la pensión de viudedad, una prestación que surgió en un momento en el que las mujeres tenían limitado su acceso al mundo laboral y que sostenían con su trabajo en casa a la familia.
La restricción al acceso a esta prestación está sobre la mesa y es una recomendación prioritaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que ya se aplica en buena parte de Europa y que recoge, de una forma muy abierta, el punto 13 del Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo.
Se "propone llevar a cabo de manera gradual la reformulación integral de las prestaciones por muerte y supervivencia —en especial la de viudedad—" y para ello se requiere "una reforma integral de la viudedad, que pasa por acomodar la configuración de la pensión a las nuevas realidades sociales y familiares, así como a las circunstancias socioeconómicas de los beneficiarios", apunta el texto. Una de las claves es hacer más justa esta prestación y que se mejore cuando sea la principal fuente de ingresos.
Mientras, la OCDE es claramente partidaria de revisar la pensión de viudedad y convertirla en una prestación temporal siempre y cuando el beneficiario o beneficiaria tenga una edad idónea para trabajar. Asegura que aplicarla en unas edades compatibles con el trabajo podría desincentivar la participación en el mercado laboral. Puntualiza que debería ser vitalicia en el caso de aquellos beneficiarios que ya hayan alcanzado la edad de jubilación.
La pensión de viudedad, que reciben 2.350.000 hombres y mujeres, es vitalicia y compatible con la pensión de jubilación, con el desempleo y con las rentas de trabajo, pero su objetivo es "proteger la situación de necesidad económica ocasionada por el fallecimiento de la persona que origina la prestación". La realidad, según apunta la estadística de la Seguridad Social, es que hay cientos de miles de viudas y viudos que la hacen compatible con la de jubilación. En total hay casi un millón de pensionistas que cobran dos o más pensiones.
La cuantía media de la pensión de viudedad, que la reciben hasta 350.000 personas menores de 65 años, está en 736 euros, una cantidad que sube ligeramente en el caso de las mujeres y baja considerablemente en el caso de los hombres. Los trabajos de las mujeres siguen siendo peor retribuidos y precarios y en muchas ocasiones condicionados al cuidado de los hijos, por eso la pensión que dejan a sus maridos es notablemente inferior. Cada mes, el desembolso para estas pensiones ronda 1.73o millones de euros, lo que supone el 17,3% de la partida de las prestaciones contributivas.
¿Qué pasa en Europa?
En los países desarrollados de nuestro entorno ya han realizado profundas reformas para limitar el gasto en estas prestaciones y que contribuyan a un sistema sostenible. En el norte de Europa, varias naciones las han eliminado totalmente y otras las han dejado limitadas a un año. Un reciente informe de Fedea apunta que España es el país europeo, en línea con Italia y Grecia, que más paga por sus pensiones de viudedad, que ya suponen la mitad de las de jubilación. La entrada plena de la mujer en el mercado laboral hará que no tengan las justificación de subsistencia y como freno a la pobreza en tres décadas, asegura el estudio.
Según destaca BBVA en su blog sobre pensiones, en Europa, los países nórdicos tienden al modelo de pensión temporal y suelen impedir la compatibilidad con la pensión propia de jubilación. En los del sur -España, Portugal o Italia-, la flexibilidad es la norma y se permite hacer compatible la pensión con otras rentas o prestaciones. Mientras que en Alemania o Polonia hay topes para poder compatibilizar la pensión de viudedad tanto con la propia pensión de jubilación como con las rentas del trabajo. En el modelo anglosajón, el tipo de pago depende de cada caso: puede ser temporal, vitalicio o un cobro único.
Sin embargo, a día de hoy, sin esta prestación "el 50% de las pensionistas actuales no cobrarían una pensión contributiva y la brecha de género en las pensiones contributivas sería del 60% en lugar del 30% actual", destaca Fedea, al tiempo que incide en que poco a poco la realidad va cambiando ya que "en los últimos 40 años, la participación laboral de la mujer ha aumentado del 30% al 70%, lo que se ha visto reflejado en un fuerte incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social de las mujeres".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios