La actualización anual de la renta no podrá superar el resultado de aplicar la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad, que ofrece una evolución más estable.
Para que tal obligación sea exigible al arrendatario, es necesario que la misma se contemple expresamente en el clausulado del contrato, de modo que a falta de pacto expreso no será legalmente reclamable.
Si la designación es conforme a estatutos, no hay más forma de oponerse que acudiendo al juzgado y solicitando, en plazo de un mes desde su acceso al cargo, su relevo.
En cuanto a las bases para la fijación de la cuota de participación, se habrán de tener en cuenta diferentes parámetros como la superficie útil de cada vivienda o local en relación, su situación o emplazamiento.
Nuestra sugerencia es que la devolución de las llaves se haga en la propia vivienda, con asistencia de las partes y toma de fotografías; levantando acta sobre el estado de la misma y firmada por ambos.
La responsabilidad alcanza al promotor y, en cuanto al resto de los agentes, hay que analizar el proyecto y las órdenes de ejecución en obra.
La realización de obras o actuaciones que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética en el edificio requerirá del voto favorable de la mayoría simple de los propietarios.
La modificación de la norma es imprecisa como para presagiar y serán los tribunales quienes deberán determinar en muchos casos si la medida disuasoria es o no admisible.
Legalmente, es factible, pero requerirá el consentimiento del matrimonio incluso cuando la vivienda o muebles sean de la exclusiva propiedad de uno solo de los cónyuges.
El Tribunal Supremo exime de este requisito a la Comunidad por considerar que los plazos procesales de contestación, entre 10 o 20 días, según el tipo de proceso.
Ustedes solo podrían accionar en beneficio de la comunidad si no hubiera usufructo y la casa les perteneciera en proindiviso con ella.
Legalmente, se presume que, salvo que conste en el contrato que ambos responden de forma solidaria, esta será mancomunada; es decir, cada arrendatario responde por la parte que le corresponde.
Para la modificación del Título constitutivo de la propiedad horizontal, es preciso demandar a todos los propietarios individualmente y no solo a la Comunidad de Propietarios.
En este sentido, cabría solicitar al propietario que informe a la comunidad acerca de si ha establecido alguna limitación a sus arrendatarios.
Al ser un elemento común, usted está en el deber de defender los intereses comunitarios, incluso exigiendo un informe pericial de un técnico que se haga responsable.
Si tuviese derecho sobre ese inmueble, la compraventa podría ser anulable y/o le podrán reclamar a usted los perjuicios que haya causado a su pareja.
Al tratarse de un local, la duración del arrendamiento es estrictamente la convenida en el contrato, y la misma duración tendrá su garantía.
En este caso estaríamos hablando de un arrendamiento de elementos comunes, que es perfectamente posible si no tienen asignado un uso específico.
La exigibilidad de las cantidades viene dada en el momento de su devengo, esto es, en la fecha en la que se gira cada uno de los recibos.
Entre los requisitos legales para realizar este proceso, se encuentra el de estar al día de estar al corriente en el pago de las deudas vencidas con la comunidad o consignar su importe judicialmente.
Lo cierto es que nadie puede ser obligado a permanecer en la indivisión, de modo que cualquiera de ustedes puede instar la división judicial del proindiviso.
Desde la nota simple del inmueble hasta varios certificados que confirmen las condiciones del piso y que se encuentra al pago de las cuotas a la comunidad de propietarios u otras deudas.
El derecho de uso de la vivienda a favor de uno de los cónyuges acordado es oponible a los terceros que pretendan adquirir la vivienda en la subasta consiguiente a la acción de división de la cosa común.
Si el inquilino, terminado el plazo, continúa 15 días en la vivienda sin que el arrendador le haya notificado que ha finalizado el contrato y que debe desalojar el inmueble, el arrendamiento continuará en vigor.
Por regla general, no es obligatoria la intervención de un abogado o un procurador, de modo que solo se imponen cuando el juez así lo decide al apreciar temeridad o mala fe en el litigante.
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