El boato de una fecha redonda estará ausente a causa de la pandemia y el hombre que paró la intentona golpista del 23-F de 1981, tampoco hará acto de presencia. Así se vislumbra el 40 aniversario del frustrado levantamiento militar, que se recuerda este martes en el Congreso de una manera algo descafeinada. Para empezar, porque el coronavirus impide un gran evento, con cientos de invitados compartiendo salones por un día. De hecho, las restricciones dejan fuera de la convocatoria a la inmensa mayoría de los diputados y miembros del Gobierno. Pero si por algo va a caracterizarse esta jornada es porque no estará presente quien ha sido el homenajeado cada año por esta misma fecha: el Rey Emérito Juan Carlos I. Una ausencia que se suma a la de siete partidos nacionalistas e independentistas.
Juan Carlos I reside desde el 3 de agosto de 2020 en Emiratos Árabes Unidos, cuando salió de España para "facilitar el ejercicio" de las funciones de su hijo, el Rey Felipe VI. Una decisión que justificó con "la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada", en referencia a las posibles cuentas en paraísos fiscales que poseería y que están siendo investigadas por la Justicia. Su destino se conoció 15 días después de que abandonara el país y, desde entonces, no se ha concretado ninguna posibilidad de regreso. En diciembre, los abogados del Rey Emérito comunicaron que había regularizado con Hacienda 678.393 euros de unas tarjetas opacas cuyos fondos recibió de un empresario mexicano.
Que don Juan Carlos no vaya a estar presente en el aniversario del 23-F es un asunto que no ha pasado desapercibido ya que se le considera la pieza clave que detuvo el intento de golpe protagonizado por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero. Su discurso, esa misma noche, defendiendo la democracia y la Constitución, está considerado como uno de los grandes hitos del monarca, cuya primera reacción fue ordenar que los sublevados depusiesen su actitud. Esta se concretó en una instrucción a la Junta de Jefes de Estado Mayor para que se tomaran todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. La ausencia del Rey Emérito va a ser muy significativa; incluso miembros destacados del PP, como Rafael Hernando, han mostrado sus reservas a que se vaya a rememorar esa fecha sin que esté quien desmontó la intentona golpista.
La otra gran ausencia la conformarán hasta siete partidos con presencia en el hemiciclo. ERC, PNV, Bildu, Junts, PDeCAT, CUP y BNG ya dejaron claro a la Presidencia de la Cámara Baja que no asistirían, cumpliendo la línea marcada de no acudir a eventos en los que esté presente o sean presididos por el Jefe del Estado o que tengan como objetivo conmemorar la Constitución de 1978. Lo que supone que hasta tres socios del Ejecutivo central, como Esquerra, los nacionalistas vascos y los abertzales, no vayan a formar parte de una celebración tan señalada. Aunque en este caso, que no vayan a formar parte no se notará tanto como en años atrás, dadas las restricciones de aforo.
Pocas autoridades y solo los portavoces
La organización de la Cámara Baja para los actos del 40 aniversario del 23-F se ha caracterizado por la limitación al máximo de las aglomeraciones. Esto va a suponer que no vayan a estar presentes todos los miembros del Gobierno ni la inmensa mayoría de los 350 diputados. Por supuesto, el Rey Felipe VI presidirá el acto junto a Meritxell Batet, mientras que por el Ejecutivo solo acudirán el presidente, Pedro Sánchez, y los cuatro vicepresidentes, Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera. Por el Parlamento, además de los miembros de la Mesa, se ha invitado únicamente a los portavoces de los grupos parlamentarios.
El resto de altos cargos que acudirán serán la presidenta del Senado, Pilar Llop; el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; y el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes. Este último será uno de los protagonistas indirectos, después de que el PP haya confirmado que ya está negociando la renovación del órgano de gobierno de los jueces con el PSOE. Circunstancia que ha llevado a Lesmes a suspender los nuevos nombramientos que tenía pensado realizar el próximo jueves, y que ha supuesto que los 'populares' hayan celebrado que se ha abierto una brecha entre los socialistas y Unidas Podemos, después de que estos últimos hayan sido supuestamente excluidos de las conversaciones. Algo que los de Pedro Sánchez han rechazado, al señalar que los morados están representados a través del Gobierno.
Unidas Podemos, otro protagonista
El socio minoritario de la coalición también está destinado a ser protagonista de la jornada por varios motivos. El principal es su posición crítica con Juan Carlos I, en un día en el que se le elogiará constantemente por el rol que jugó ante el intento de Tejero de subvertir el orden constitucional. La duda es si será Pablo Iglesias el que tome la palabra en ese sentido o cederá el testigo a su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, que ha sido uno de los más duros con el anterior monarca. Este último también será uno de los más buscados por su mensaje en Twitter durante los disturbios posteriores a las protestas contra el encarcelamiento de Pablo Hasél. Desde entonces, por ese tuit en el que animaba a los "antifascistas", acumula hasta tres denuncias por incitación a la violencia o delito de odio.
El otro punto de atención tiene que ver con otra de las fricciones entre PSOE y Unidas Podemos. Se trata de la Ley de Vivienda, que debería haberse aprobado antes de finales de enero y que sigue encallada por las discrepancias entre ambos partidos. El último ingrediente lo ha aportado este lunes el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que ostenta la cartera con las competencias sobre Vivienda. Desde la sede del PSOE, y en su rol de secretario de Organización socialista, Ábalos ha dejado claro que no promoverá un control de precios de los alquileres. Una negativa que choca por completo con las pretensiones de la formación del vicepresidente segundo y por la que incluso llegaron a poner en riesgo el pacto para los Presupuestos Generales del Estado.
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